Aunque el presidente Javier Milei aseguró durante el fin de semana que “no hay Plan B”, en el Ministerio de Economía, Luis Caputo y sus colaboradores tienen una planilla para avanzar en el ajuste fiscal y, si en esa no se puede avanzar, hay otra. Y también una tercera, según las negociaciones que van y vienen entre el Gobierno y la oposición “dialoguista” para destrabar la aprobación de la Ley Ómnibus mañana en el Congreso.
En medio de todo ese análisis y debate, se analizan las distintas variantes para la actualización del impuesto a los combustibles, congelado desde mediados de 2021. La última prórroga dispuesta en noviembre del año pasado por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, vence el próximo 1° de febrero. Encontrar el punto de equilibrio entre el impacto en la inflación y el efecto en la recaudación, ambos directamente proporcionales, es el enorme desafío del ministro de Economía, Luis Caputo, despacho donde previsiblemente se decide la cuestión más allá de la Secretaría de Energía.
El impacto final en el surtidor dependerá entonces de esa sintonía fina. Los cálculos privados difieren sobre hasta dónde podría llegar el incremento en caso de que se corrigiera el atraso impositivo para retrotraerlo a los niveles previos al congelamiento. Por caso, el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), calculó que el incremento debería ser de 25% en el caso que se apunte a que el tributo recupere su valor real calculado en base a 2018, cuando se estableció el mecanismo de actualización por inflación. Eso implicaría llevar la suma fija a unos $175 por litro.
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En ese cálculo se basó también el titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, quien anticipó una suba para esta semana y sostuvo que el atraso del impuesto alcanza 300%, aunque reconoció que todavía no hay una definición oficial sobre la magnitud de la corrección.
Otras cuentas, sin embargo, arrojan cifras aún más altas. El economista especialista en energía del IAE General Mosconi y del IIEP-UBA, Julián Rojo, calculó que el impuesto a los combustibles líquidos sobre la nafta y el gasoil genera una gran pérdida de recaudación que hace que “en términos reales, hoy se paga menos del 8% de lo que se pagaba en 2017. Para volver a esos valores, hay que sumarle casi $350 por litro de nafta/gasoil”. Es decir, un aumento del 50% del litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo pronto,si bien en las petroleras también dan por descontado que a partir del jueves deberán modificar los precios, descreen que la actualización se produzca de una sola vez tras dos años y medio sin actualización. Eso hizo que el gravamen perdiera toda incidencia en el precio final del fluído y también en las arcas públicas.
“Si el Gobierno actualiza el impuesto a los combustibles, el precio de la nafta podría subir un 25%. El valor real del del tributo cayó un 85% entre diciembre 2018 y diciembre 2023. La recaudación mensual cayó un 77%. Nación podría juntar recursos extras por 0,37% del PIB y Provincias por 0,15%”, detalló Argañaraz, aludiendo a una de las discusiones que se da por estas horas con los gobernadores: cómo compensar la pérdida de recursos después de que el Gobierno retirara el capítulo fiscal de la ley Ómnibus, por la resistencia a apoyar una suba de retenciones, pero también el proyecto para reinstalar el impuesto a las Ganancias.