Por Luis Abrego
Esta semana Rodolfo Suarez regresó de unas breves vacaciones y su retorno fue una buena noticia para un Gobierno que en su ausencia no hizo más que acumular sinsabores.
Muchos de ellos, de una envergadura tal que seguramente interrumpieron el descanso. Pero lo que es aún peor, sumergieron al Ejecutivo en una lluvia de críticas de las que el gobernador intentará ahora reponerse.
La sucesión de infortunios estivales cuya lista encabeza el desplante nacional por Portezuelo del Viento (con una nueva dilación que retrasa su adjudicación y hasta pone en duda su concreción), pero en la que también compite el escándalo desatado en torno del ahora ex jefe de Policías, Roberto Munives, y sin olvidar la polémica con la oposición por el arreglo de los edificios escolares con dinero de los municipios, parecen haber impactado en una administración que se mostraba confiada, especialmente después del espaldarazo recibido en las elecciones legislativas del año pasado.
Aquellos festejos quedaron atrás a manos de una realidad que siempre trae sorpresas. Y que en el caso de Mendoza, supone no bajar la guardia ante los constantes embates que desde el Gobierno nacional -ya sea por distribución discrecional de fondos o, como en este caso, al no darse por enterado de la solicitud de un laudo presidencial por Portezuelo- que siempre terminan habilitando la queja y el malhumor de Casa de Gobierno; pero también el contrataque del peronismo local que acusa a Suárez de no gestionar ante la posibilidad (más que cierta) que en la Casa Rosada le digan que no.
Sin embargo, estos no son los únicos asuntos en los que se deberá enfrascar Suárez. El pedido de apertura de paritarias estatales se ha adelantado este año de la mano del próximo inicio del ciclo lectivo. Así se lo recordó esta semana el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y luego de recibirlos en su despacho se fijará un cronograma que por la conformación de la nueva conducción sindical, de clara identificación kirchnerista, amenaza con conflictos que ponen en duda el normal comienzo de clases el 21 de febrero. Detrás del SUTE, vienen los demás gremios con el mismo planteo por la caída del poder adquisitivo.
Si el manejo de la pandemia fue el gran caballito de batalla de Suarez y el mérito que su equilibrio entre la salud y la economía le permitió no sólo ganar con holgura las elecciones, sino también evitar el colapso de una economía con gran componente de sector privado como la de Mendoza, lo que viene puede ser aún más complejo ante la evidencia de un Estado que no pude tapar todos los agujeros.
Las serias dificultades macroeconómicas argentinas, que pese al anuncio de un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún sigue haciendo crujir a la política, en especial al oficialismo de Alberto Fernández, no parecen aliviarse: el dólar, tras una baja, retomó el ritmo alcista; la inflación de enero no indica tampoco disminución alguna y la incertidumbre sobre lo que vendrá (incluso con la posibilidad cierta tras las críticas de Máximo Kirchner de que el Congreso no ratifique el acuerdo con el FMI) activan todas las alarmas. Desde las institucionales a las económicas.
El énfasis en la vacunación no se detiene, y pese a que la variante ómicron volvió a tensionar los sistemas sanitarios, aunque con menos intensidad que las anteriores mutaciones, esperanza sobre la posibilidad cierta de lograr dominar el virus, y por ende, sus consecuencias en la toma de decisiones de la política.
Si se confirma esa amenaza despejada, será tiempo entonces de empezar a buscar las soluciones profundas a los problemas antiguos que en Mendoza se hacen crónicos.
Desde la falta de inversión con la consecuente caída del empleo a la imposibilidad de ampliar la matriz productiva.
Suarez inició ya su tercer año de mandato y el 2023 será el último en el sillón de San Martín.
Poco tiempo para tan grandes desafíos.