La decisión fue del sistema de justicia que surgió en 2016 luego del acuerdo de paz tras 50 años de conflicto armado.
Ocho altos mandos de la disuelta guerrilla FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas, anunció hoy el sistema de justicia surgido del histórico acuerdo de paz en 2016 tras 50 años de conflicto armado, en la primera imputación que llega tras más de tres años y que generó reacciones en todo el arco político.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -el tribunal creado en 2015 como parte de estos acuerdos para investigar los delitos cometidos durante el conflicto armado- comunicó oficialmente acerca de la imputación de cargos a ocho miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP, la primera en el marco del caso 001 “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” que investiga y terminará judicializando el Tribunal de Paz.
La decisión más importante tomada por la JEP desde su creación se da tras conocer las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las de más de 1.000 víctimas de secuestro e informes de la fiscalía, entre otros. El tribunal, que demoró tres años en pronunciarse, dijo que no será la única imputación.
Además de por crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro, el tribunal también imputó a los exlíderes de la guerrilla “otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”.
Entre los imputados, que pertenecían al máximo órgano decisorio de la organización, se encuentra Rodrigo Londoño, alias Timochenko, actual jefe del Partido Comunes creado tras la firma de los acuerdos de paz, así como Pablo Catatumbo y Julián Gallo, que ocupan dos de los diez asientos en el Parlamento.
Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, y Rodrigo Granda Escobar. Completan la lista de los ocho imputados.
La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado, algunos son autores directos.
“Este es el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción, que es la antesala a la Resolución de Conclusiones y los juicios ante el Tribunal para la Paz. El antiguo secretariado de las FARC-EP tiene responsabilidad por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes”, dijo la magistrada Julieta Lemaitre, en una rueda de prensa que brindó junto al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.
La magistrada remarcó que la JEP se encarga de determinar los delitos del caso, pero que el proceso penal e, incluso, el posible retiro de la vida política para los excombatientes, se debaten y deciden en el Tribunal de Paz que los juzgará.
En caso no aceptar cargos o ser vencidos en juicio y declarados como culpables, podrían tener penas de hasta 20 años de prisión.
En ese sentido, el presidente de la JEP aclaró en Twitter que: “Si después de los 30 días de la emisión de este auto los miembros del secretariado de las FARC-EP reconocen los cargos se abre el camino de las sanciones propias. Si no lo hacen, ellos se exponen a la imposición de sanciones de prisión de hasta de 20 años”.
Tras conocerse el fallo, el presidente colombiano, el conservador Iván Duque, quien en 2018 lideró una frustrada iniciativa que pretendía modificar los acuerdos para endurecer las sanciones a los exguerrilleros, se pronunció sobre la imputación y manifestó su discrepancia con que estas personas tengan representantes políticos.
El mandatario dijo que es necesario que la JEP actúe de acuerdo al derecho internacional, que establece que quienes cometen crímenes de lesa humanidad y lanzó indirectas sobre los miembros de la extinta guerrilla en el Congreso de la República.
“Que tengamos claro que no podemos tener en Colombia un doble rasero donde ciudadanos que cometan delitos no pueden nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”, se quejó.
El Partido de los Comunes, integrado por antiguos miembros de las FARC, respondió a la imputación de la JEP a través de Twitter.” El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona y reiteramos nuestro compromiso de rendir cuentas ante la justicia”, expresa el mensaje.
Según datos de la JEP, entre 1990 y 2016 hubo 21.396 víctimas de secuestro en Colombia.