El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y los ministros de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, junto a la cúpula policial, personal de la Dirección General de Investigaciones y miembros del Ministerio Público Fiscal, se reunieron con representantes de empresas prestadoras de servicios públicos y privadas de telefonía.
Durante el encuentro anunciaron la reglamentación de la Ley 9447, sancionada a fines de 2022, que establece un régimen preventivo y de control de actividades de metales como cobre y aluminio. Además, se presentó el demo del sistema informático que contendrá el catálogo con los tipos de cobre para que las empresas puedan recuperar los bienes sustraídos en este tipo de robos.
“Mendoza tiene que ser hostil al mercado ilegal de cobre”, señaló Mercedes Rus al presentar el plan integral que permitirá el abordaje de esta temática, que abarca distintos puntos. “El primero de ellos tiene que ver con reglamentar la Ley 9447. El hecho de que esto no hubiera sucedido afectaba la operatividad y los operativos de investigaciones”, detalló la funcionaria.
La ministra de Seguridad y Justicia sumó que el segundo punto “tiene que ver con el trabajo integral que venimos realizando con el Ministerio Público Fiscal. Hemos acordado con el procurador, Alejandro Gullé, concentrar las investigaciones que tengan que ver con este tipo de delito en un solo fiscal”.
Rus explicó que “el tercer objetivo de plan tiene que ver con la creación del sistema informático del que habla la normativa y, a su vez, la concreción de un catálogo informático para que las empresas de servicio público y empresas de conectividad y telefonía puedan cargar sus materiales a los efectos de poder obtener un recupero de esos materiales”.
Para finalizar, la ministra hizo hincapié en “el trabajo aceitado e integral que ya se viene realizando desde la División de Robos y Hurtos con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Mendoza y con las empresas que están siendo afectadas por este delito”. En ese sentido, detalló que entre el 2022 y el 2023 se realizaron 123 allanamientos, logrando el secuestro de más de 40 mil kilos de cobre y la detención de 76 personas tras el trabajo de inteligencia que se realiza desde la Dirección General de Investigaciones.
El decreto 250 con el detalle de la medida se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.