El fiscal de la causa pidió 25 años de cárcel para Marcos Graín Osorio, acusado de violar y matar a la joven sanrafaelina en 2003.

Un fiscal pidió hoy 25 años de prisión para un hombre acusado de violar y matar en 2003 a una joven de 19 años en San Rafael, al alegar ante el tribunal que mañana dará a conocer su veredicto.

En tanto, la querella solicitó la prisión perpetua para el imputado del crimen de Paula Toledo, Marcos Graín Osorio (36), mientras que la defensa planteó la absolución por falta de pruebas.

“Poli”, como llamaban a la joven, mantenía una relación informal con Graín, quien esa noche de octubre la fue a buscar a su casa y salieron juntos del lugar, en San Rafael.

Testigos comentaron que juntos fueron hasta una casa abandonada donde un grupo de jóvenes de ese mimo barrio y conocidos de ambos, se reunía habitualmente a beber y a fumar.

Durante el debate, Osorio aseguró ser inocente y dijo que nunca estuvo en el lugar donde asesinaron a la víctima.

Este es el tercer juicio que enfrenta el acusado, ya que en el primero -luego anulado- había sido absuelto y en el siguiente se mantuvo prófugo.

Junto a Osorio, inicialmente, habían sido acusados otros cuatro jóvenes, aunque como eran menores de edad al momento del hecho, la causa prescribió tras 15 años de tramitación sin que se legara a una condena firme.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó la realización de un tercer debate, al que Osorio llegó en libertad y acusado del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado seguido de muerte”.

Durante los alegatos, el fiscal Pablo Peñasco pidió que el imputado sea condenado a 25 años de cárcel como “partícipe necesario del abuso sexual y homicidio”, mientras que la querella, a cargo de Guillermo Rubio, solicitó “prisión perpetua”.

El fiscal se centró en el rol de Osorio, a quien consideró “entregador” y consideró que “todos estos hechos se causaron porque Paula Toledo era mujer”, la “única mujer del grupo” y creía que estaba contenida por su amigo” en referencia al acusado.

Por su parte, la defensora oficial Daniela García consideró que no hay pruebas suficientes para condenar a su asistido y solicitó su absolución, tras responsabilizar al Estado provincial por “los errores fundamentales” que se cometieron en la investigación original.


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