A partir del 1 de julio de 2020, entró en vigencia la actual Ley de Alquileres tras ser aprobada por el Congreso. Esta ley introdujo modificaciones significativas, como la extensión de los contratos de locación a tres años en lugar de dos, y la actualización anual basada en el Índice de Contrato de Locación (ICL), que es calculado por el Banco Central (BCRA) mediante la combinación del IPC y el Ripte.
Antes de esta ley, los aumentos en los alquileres eran acordados de manera consensuada entre inquilinos, propietarios e intermediarios, generalmente con una periodicidad semestral o anual, dependiendo del caso.
Te puede interesar
Los incrementos en las rentas residenciales durante el mes de julio para aquellos individuos que cumplen un año o dos de contrato serán los más elevados hasta ahora, superando incluso el 100%. El Banco Central ha divulgado las variables correspondientes a los acuerdos de arrendamiento, y el porcentaje de incremento al que se verán sometidos los inquilinos en sus alquileres supone una fuerte embestida para sus finanzas.
De acuerdo con lo expuesto en La Ley de Alquileres, los acuerdos residenciales tienen una duración de tres años. En intervalos de doce meses, los arrendatarios deberán hacer frente a una subida en función de los incrementos salariales y la inflación.
Te puede interesar
Te puede interesar