La discusión por la modificación del Ministerio Público Fiscal, que avivó debates razonables pero también actitudes fascistas de persecución y escrache contra José Luis Ramón y sus colegas de interbloque, reabre la posibilidad de marcar el posicionamiento histórico de nuestra fuerza política en relación a la Justicia.

Más allá de que referentes vinculados a Juntos por el Cambio, sumado a medios de comunicación afines y un ejército de trolls que llenan de odio las redes sociales, intenten instalar mediáticamente que el presidente de Protectora “vendió su voto” o “cambió de postura” en relación a la organización del sistema judicial en Argentina, la realidad es que el legislador sentó posición al respecto hace más de tres años, incluso cuando escribió su libro “Mis bases para una Mendoza de pie”. Tampoco es cierto que “cambió de partido” una vez que asumió como diputado, ya que ingresó a la Cámara representando a una fuerza propia que hoy sigue presidiendo.

En su momento planteó que “el sistema de organización de la justicia federal es obsoleto y está muy alejado de la necesidad del ciudadano común y sus intereses económicos”, además de criticar la presencia de una casta judicial que históricamente impide la renovación. También denunció que “la independencia de la República se ve afectada por la influencia mutua de la justicia frente a los asuntos políticos y viceversa, dependiendo de los vientos políticos”.

Además, nuestra experiencia como asociación civil y la de Ramón en la Cámara de Diputados demostró que las causas judiciales suelen tener demoras inexplicables y se concentran en la Capital Federal. Podemos mencionar el caso de la denuncia penal contra Fiat por las estafas en los círculos de ahorro, que fue archivada en una semana sin ser abierta; o la que hicimos contra Gas Cuyana por repartirse las ganancias sin realizar las obras, terminando la causa dividida en tres partes y sin avances hasta el día de la fecha.

Claramente estamos hablando de un Poder que se resiste a todo tipo de cambio para mejorar su funcionamiento; un sistema cuyo ingreso democrático es prácticamente nulo y donde se produce un cuello de botella en la Corte Suprema cada vez que año a año quedan pendientes más de 7 mil causas. También por eso Ramón presentó recientemente un proyecto de ley que intenta modificar estas situaciones lamentables.

Tampoco es nuevo el reclamo para crear fiscalías y fueros especializados en derechos de usuarios y consumidores, con una mirada de protección del medioambiente, además de la pelea por la conformación de una ley de Acciones Colectivas para descentralizar el poder de Comodoro Py y jerarquizar los reclamos grupales. Incluso pueden encontrar estas ideas en la pág. 45 del libro del diputado nacional.

Siempre luchamos para que existan funcionarios judiciales que protejan a los consumidores en las causas civiles y comerciales, controlando que no haya abusos en los procesos y persiguiendo los fraudes, robos, y daños a la vida y propiedad del eslabón más débil. No sólo hemos planteado que jueces y fiscales tengan cargos con límites de tiempo; también dijimos que tendrían que ser elegidos por el voto popular para transparentar el sistema y evitar que se comporten con discrecionalidad, o a espaldas de la ciudadanía.

Esto demuestra que la estrategia de los sectores vinculados al status quo judicial, mediático y económico apunta a desprestigiar a todos aquellos que pretenden equilibrar la balanza en una sociedad compleja y en crisis. Juntos por el Cambio es la punta de lanza de estas acciones. Reafirmamos nuestra convicción de que es necesario cambiar la organización de la justicia para acercarla más al ciudadano de a pie, sin bajar los brazos en la lucha por una Argentina justa y digna.


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