El año pasado, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, hacía énfasis en que las tarifas debían ser "justas y razonables", como indica la legislación, y es así que terminó aumentándolas sólo 6%.
Pero 2022 es distinto. En la audiencia pública virtual que comenzó este miércoles para definir lo que cobrarán distribuidoras y transportadoras de gas, Bernal estuvo ausente por ser contacto estrecho, pero el gerente general del Enargas, Osvaldo Pitrau, abogó por "actualizar la tarifa para mejorar el servicio".
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Después cedió la palabra a los 108 oradores inscriptos, incluidos representantes de empresas y clientes. "Es oportuno y conveniente escuchar a los usuarios y usuarias del servicio público. La oportunidad de participar es un acto central para nuestra democracia. Esta intervención le otorga una garantía de razonabilidad a las decisiones", expuso Pitrau.
Aunque el Enargas espera las exposiciones de las partes antes de determinar cuánto aumentarán las tarifas, a fin de 2021 el secretario de Energía, Darío Martínez, habló de un alza del 20% para la luz y el gas. Las compañías piden mucho más, pero saben que no lo conseguirán. Metrogas, que está controlada por la estatal YPF, reclama un alza del 76% en la tarifa de distribución que implicaría un incremento del 33% en la factura. Otra distribuidora, la española Naturgy, pide un 82%, que repercutiría 29% en el precio que pagan los usuarios. "Serían unos 500 pesos promedio por factura", comentan en Naturgy y aclaran que este incremento implicaría sólo una recomposición parcial e inicial de sus números.
Las transportadoras de gas del Norte (TGN, del grupo Techint) y del Sur (TGS) no se quedan atrás con los reclamos. TGS, propiedad de Pampa Energía, el grupo de Marcelo Mindlin, quiere un 80% en marzo y otro 25% en septiembre. Ese 80% inicial implicaría una suba del 20% al 30% en la factura. El alza solicitada por TGN repercutiría en un 10%. Es decir, si se suman los pedidos de distribuidoras y transportadoras, el gas se debería encarecer el 60%, pero a eso habría que agregar además lo que reclaman las petroleras por el precio del gas en boca de pozo. Este valor se definirá en otra audiencia que convoque, ya no el Enargas, sino la Secretaría de Energía. También está pendiente la convocatoria de la reunión pública para discutir sobre el precio de la electricidad, pero los cortes de suministro de los últimos días demoraron la definición.
Ante esta situación, el Diputado Nacional por Protectora, el mendocino José Luis Ramón, pegó el grito en el cielo por encontrar injusto el planteamiento de las empresas.
“Protectora dice presente en la nueva audiencia pública del @enargasAR para defender los derechos de usuarios y consumidores. Primeras consideraciones mientras seguimos escuchando las excusas de las empresas distribuidoras...” twitteó el verborrágico y carismático Ramón.
“La responsabilidad del @enargasAR es enorme! Tiene que lograr cumplir con 2 objetivos impuestos por la Ley: asegurar la prestación del servicio, y cuidar el interés económico de los usuarios” fue otro de los posteos que el mendocino utilizó en sus redes sociales-
Es muy difícil ponernos de acuerdo con las proveedoras como @GasnorSA, que consideran que son unas víctimas desde 2019 en adelante. No hacen una sola referencia al ajuste con el que se beneficiaron en la "revisión tarifaria integral" de 2016 escribió.