El jueves por la noche, el Gobierno logró un principio de acuerdo con la oposición "dialoguista" tras realizar ajustes significativos en el polémico proyecto de ley ómnibus que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.
Las modificaciones, exigidas como condición por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para respaldar la propuesta oficialista, incluyen la reducción de 2 a 1 año de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, con una mayor restricción en las emergencias declaradas. Asimismo, se acordó implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria vinculada al índice de inflación, o en su defecto, retirar ese artículo para discutirlo posteriormente en una legislación aparte.
Otras concesiones relevantes comprenden la exclusión de YPF de la lista de empresas públicas sujetas a privatización, la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales, y el archivo de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción.
A pesar de la solicitud de la oposición de limitar la iniciativa a los capítulos relacionados con la emergencia económica, el Gobierno se mantuvo firme en los cambios propuestos para Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.
Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la UCR, confirmó que fue una reunión productiva y que el Gobierno mostró receptividad a las propuestas de la oposición. Este pragmatismo ha allanado el camino para que el oficialismo alcance un dictamen de mayoría con la colaboración de bloques opositores, incluido el PRO.
El debate en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales continuará la próxima semana, con la intención de convocar una sesión el jueves 25 después del paro y movilización convocados por el movimiento obrero y los movimientos sociales.
Miguel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, elogió la "buena reunión" y destacó la disposición del Gobierno para encontrar puntos de acuerdo. El PRO también participó en la reunión, pero aún no ha dado declaraciones oficiales sobre su posición.
Los cambios principales en el proyecto de "ley de Bases" incluyen la reducción de las facultades delegadas al Gobierno, ajustes en la fórmula de movilidad jubilatoria, retenciones a la soja y derechos de exportación para economías regionales, exclusión de YPF de la privatización, y la eliminación de la propuesta de uninominalidad en la reforma electoral.