El Intendente municipal del departamento de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, en virtud de defender los intereses y derechos de los vecinos que dependen de su gobierno, presentó en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza un reclamo para que se cumpla el resarcimiento económico que la provincia adeuda a Luján de Cuyo. La petición alude a recursos que pertenecen a los vecinos y han sido negados por el Ejecutivo Provincial. La demanda es por unos 15 mil millones de pesos.
En el año 2010 la comuna lujanina resolvió un conflicto de límites con Maipú y se reconoció de manera formal un territorio comprendido entre las calles Terrada y Vieytes, y entre Juan José Paso y Azcuénaga. Posteriormente, también con sentencia de la Suprema Corte, en el año 2017 se incorporó oficialmente a la geografía del departamento una importante zona del Pedemonte (ex Blanco Encalada), territorio actualmente denominado como Vertientes del Piedemonte.
Todos estos argumentos impulsaron a los Intendentes Omar De Marchi en el 2018, Sebastián Bragagnolo en el 2021 y, al actual Jefe Comunal, Esteban Allasino a presentar distintos recursos administrativos a la provincia para que se reconociera el fallo judicial y se coparticipe lo que corresponde según ley por esas superficies poblacionales anexadas. En paralelo, Allasino peticionó un resarcimiento histórico por los recursos económicos que no se pagaron hasta ese momento.
Este recurso administrativo que presentó el actual Intendente lujanino se venció en los términos formales que dicta la ley. “Nosotros en noviembre fuimos muy explícitos en que íbamos a agotar todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes para defender los intereses de los vecinos. Ese reclamo que presentamos al Ejecutivo Provincial no fue respondido, por lo que hoy estamos ante la Justicia”, aseguró Allasino.
Asimismo, el Jefe Comunal insistió en discutir bien a fondo la Coparticipación Provincial: “la actual ley es vetusta, los reiterados intentos de parches perjudican el desarrollo económico de la provincia es pertinente definir una nueva ley, con un componente de coparticipación devolutiva, en donde esté contemplada la meritocracia, para que cada uno tenga la debida recompensa en relación a la eficiencia, el real desarrollo económico y la realidad fiscal, entre otros puntos”.