Manuel Adorni, el enérgico vocero presidencial de Javier Milei, ha vuelto a ser el centro de atención tras un detallado informe publicado por El Cohete a la Luna. Aunque su tono público se mantiene firme y desafiante, el artículo revela una serie de aspectos sorprendentes sobre su pasado, contradicciones ideológicas y prácticas personales que ponen en entredicho su discurso público.
Desde sus modestos comienzos como blogger hasta convertirse en el vocero de Javier Milei en la Casa Rosada, Adorni ha experimentado una ascensión meteórica en el ámbito político y mediático. Sin embargo, su elección como vocero, especialmente después de buscar inicialmente a la famosa Marina Calabró para el puesto, ha desconcertado a muchos observadores.
Una de las revelaciones del informe es el pasado peronista de Adorni en La Plata. A pesar de presentarse como un ferviente defensor del liberalismo, su historia muestra un cambio ideológico desde el peronismo hasta el actual libertarianismo. Este cambio de postura, junto con sus discursos provocadores en redes sociales, ha generado interrogantes sobre la autenticidad de su transformación ideológica.
El informe también arroja luz sobre las contradicciones en la posición de Adorni con respecto a la "industria del juicio". A pesar de despotricar contra esta práctica, documentos oficiales revelan que en el pasado ganó un juicio laboral.
Inició un proceso judicial contra Renault Argentina SA, Plan Rombo SA y Centro Automotores SA, empresas en las que nunca desempeñó funciones. Según la fuente, esta táctica es común entre los llamados "negros juicieros", quienes intentan presionar a la concesionaria de manera indirecta. En este caso, Adorni buscaba un arreglo financiero significativo mediante esta estrategia. Aunque no ilegal, esta práctica se realiza con pleno conocimiento del efecto extorsivo que puede tener.
El juicio laboral se llevó a cabo en la Justicia Nacional del Trabajo, la misma que, según la fuente, ahora se ha manifestado en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en varias ocasiones. Este cambio de posición genera críticas hacia Adorni, ya que parece haber utilizado la misma institución que ahora denigra. Según la información proporcionada, Adorni habría diseñado su propia demanda, auto-despidiéndose para beneficiarse de multas relacionadas con períodos laborales en negro o discrepancias salariales, aprovechándose así de las leyes laborales que actualmente aboga por eliminar.
Esta aparente incongruencia plantea preguntas sobre la coherencia de sus posturas públicas y privadas.
Otro punto de conflicto surge al analizar los beneficios sociales en su hogar. A pesar de sus críticas hacia quienes reciben planes sociales, se descubre que la esposa de Adorni recibe asignaciones universales por hijo.
Estas contradicciones entre su retórica anti-plan social y la realidad de su propia familia generan inquietudes sobre su coherencia como representante público.
Además, se revela que Adorni obtuvo un crédito favorable del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionando su compromiso con la reducción del Estado.