El presidente Javier Milei ordenó hoy a su equipo legal a pedir un per saltum a la Corte Suprema de Justicia a fin de revertir el reciente fallo desfavorable en torno a la disputa por fondos coparticipables de Chubut.
En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica, además del per saltum, explorará la chance de plantear la "incompetencia plena" y recusación del juez que favoreció a la provincia de Chubut, según trascendió este martes en Casa Rosada.
De este modo el Gobierno busca responder de inmediato al fallo que dio lugar al planteo del gobernador chubutense, Ignacio Torres, para que la Nación le devuelva los 13.500 millones de pesos que le quitó de coparticipación debido a una deuda.
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Que significa un Per saltum
El término per saltum ("por salto" en latín) es utilizado en la jerga judicial para referirse a un recurso atípico que implica el salto de instancia para presentar directamente una causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), es decir, sin que este caso haya sido resuelto previamente por el tribunal superior de cada fuero como la Cámara de Casación o una cámara de apelaciones. A través de la Ley 26.790, el per saltum está formalmente vigente desde 2012.
En el normal proceso de una causa, cuando un juez pronuncia su veredicto las partes pueden presentar un recurso de apelación para elevar el tema a estudio a alguna cámara, un tribunal superior. Luego que la cámara emite su dictamen, se abre la posibilidad de presentar el caso ante la CSJN. Pero la vía normal para pedir que el caso sea tratado por la Corte es el recurso extraordinario o, si éste no es admitido, el denominado recurso de queja.
Quien plantea el recurso extraordinario o el recurso de queja debe cumplir numerosos y exigentes requisitos procesales. Ante esta limitación, el per saltum pretende ser un atajo para abrir las puertas del máximo tribunal judicial del país.
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Causas en las que había sido pedido
Causa Dromi, 1990: el gobierno de Carlos Menem había encarado la privatización de Aerolíneas Argentinas y un juez de primera instancia dictó una medida que frenó el proceso privatizador a cargo del entonces ministro Roberto Dromi. La Corte tomó en estudio ese expediente y dictó una sentencia en la que admitió la "gravedad institucional" y anuló la sentencia del juez sin haber pasado antes por la Cámara de Apelaciones.
Operación Langostino, 1994: el juez Vidal Durand dispuso la excarcelación de un grupo de narcotraficantes que seis años antes habían intentado traficar 588 kilos de cocaína dentro de langostinos congelados. La Corte intervino por un per saltum y los devolvió a prisión.
Causa aeropuertos, 1997: fue similar al caso de Aerolíneas Argentinas, ya que partió de la intención de la administración menemista de privatizar los aeropuertos mediante un decreto de necesidad y urgencia. Un grupo de diputados hicieron una presentación y obtuvieron una cautelar. El entonces jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, se dirigió directamente a la Corte Suprema, la que hizo lugar rápidamente.
Ley de Medios, 2012: en medio de la batalla que el gobierno de Cristina Kirchner entabló con el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios, el bloque de senadores kirchneristas presentó un proyecto de ley para reglamentar el recurso del per saltum. Sin embargo el máximo tribunal se negó a tratar ese expediente por esta vía extraordinaria y resolvió luego del fallo de la Cámara, declarando la constitucionalidad de la ley, pero pidiendo modificaciones.
Reforma del Consejo de la Magistratura, 2013: la CSJN declaró admisible el per saltum que había sido presentado por el gobierno nacional contra los dos fallos de la jueza María Servini de Cubría, y finalmente declaró inconstitucional a la nueva ley del Consejo de la Magistratura de la Nación que había presentado el kircherismo.