Por Luis Abrego
El año “no electoral” entra en la recta final y la política prepara sus motores para lo que vendrá. La inestabilidad económica con sus constantes malas noticias (el regreso de la violencia, la inflación imparable, las restricciones comerciales y cambiarias, la multiplicación de las protestas y piquetes, entre otras) agudizaron la especulación de aquellos que creen que modificando las reglas del juego pueden mantener sus privilegios. O sus territorios.
Desde hace semanas circula con fuerza el rumor del intento que el Gobierno nacional estaría dispuesto a ejecutar para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ante lo que supone un escenario electoral adverso para el año próximo. Y que para mayor pesar oficialista, esas primarias pueden ser un fenomenal ordenador de la oferta (todavía dispersa) que Juntos por el Cambio pondrá a consideración ciudadana.
Las alarmas están encendidas en la oposición porque más allá del cálculo que hacen desde la Casa Rosada, vienen siguiendo con preocupación una movida similar desplegada por gobernadores en algunas provincias administradas por el peronismo. Así ha sucedido en Salta, Catamarca y San Juan, donde incluso se las reemplazó por una especie de nefasta Ley de Lemas.
Las razones ahora para el cambio de postura tanto del PJ como del kirchnerismo respecto de las PASO, luego de haberlas impulsado con fervor en 2009, es la erogación que estas suponen. Lo que aventura, bajo el mismo argumento y en un contexto de mayor crisis, que la supresión pueda tener incluso alcance nacional como consecuencia de este oportunista efecto contagio.
Tal vez por eso, esta semana Rodolfo Suarez buscó dar certezas sobre lo que al menos sucederá en Mendoza en el 2023 electoral. Aunque con ello, se hayan desatado nuevas especulaciones según de quién se trate, pero con la seguridad que -en principio- no habría mayores sorpresas.
El gobernador confirmó que en Mendoza habrá elecciones desdobladas, es decir en fecha separada del calendario nacional que aún está sujeto a posibles variaciones antes descriptas. Los radicales y sus socios entienden que aquí están en condiciones de plebiscitar por sí solos el proyecto provincial que encarna Cambia Mendoza y que aspira a continuar. Aunque para ello también tendrá que resolver primero su propia interna.
Y no sólo eso, que las elecciones provinciales se harán con el sistema de Boleta Única aprobado recientemente, lo que no sólo será una novedad, sino también un avance significativo por las ventajas que presenta en comparación con la tradicional lista sábana. La Boleta Única, asegura igualdad, transparencia y también es más económica.
La decisión de Suárez deja abierta ahora la puerta para el margen de maniobra que puedan tener los municipios, donde aquellos que son oficialistas irán a las urnas en consonancia con la Provincia, mientras los opositores se inclinarían por un calendario propio para evitar el “efecto arrastre” que el poderío de Cambia Mendoza podría generar.
Suarez no sólo dio alguna certidumbre que deberá plasmar luego en los decretos de convocatoria a elecciones, sino que además se ufanó de “respetar la ley” en contraposición a lo que sucede en otras provincias y podría acontecer también en la Nación si sobre el filo del inicio del año electoral se cambian las reglas de juego como todo parece indicar que podría suceder.
Más allá de cuántas veces se deba votar en cada departamento, si finalmente el cronograma municipal, provincial y nacional se despliega en fechas separadas sería aconsejable despejar del extenso muestrario de incertidumbres nacionales, al menos, la zozobra de un calendario armado a conveniencia. Que para peor sentido, menosprecia a los ciudadanos al creerlos manipulables según el diseño electoral que se elija. O modificable según el humor del funcionario de turno o el tamaño de la ola que favorece o llama a resguardo.
En la vapuleada democracia, el voto no puede ser variable de ajuste para canchas inclinadas ni cotos de cazas. Que al menos tengamos la tranquilidad de seguir eligiendo, o hasta equivocándonos al votar, debe ser un derecho inviolable para que ningún artilugio sea capaz de torcer la voluntad popular. El resto, lo mismo de siempre: que los representantes nos representen y que si así no lo hicieran, nosotros los ciudadanos, se los demandemos.