Por Lacho Meilán
En estos días, la Universidad Nacional de Cuyo, en consonancia con otras universidades del país, lanzó una campaña reafirmando su condición de organismo educativo público.
Se trata, ni más ni menos, de una reacción de toda la comunidad universitaria ante los embates de algunos candidatos presidenciales contra el propio sistema educativo vigente.
Javier Milei específicamente, ha dejado entrever la posibilidad de que esos ámbitos de la educación dejen de ser públicos como hoy se los conoce, es decir, que pierdan su gratuidad y dejen de garantizar inclusión y laicidad, entre otras cuestiones.
De hecho, Milei, en no pocas oportunidades, ha dado a entender que sus ideas para la educación no se condicen con el formato educativo actual. Más de una vez ha destacado que “el sistema no sirve” y si bien en los últimos días se ha moderado en el tema (tal vez atendiendo -como cualquiera de la “casta”- a que al ir ganando no debe ser tan frontal), nunca dejó de plantear una visión más acorde a lo que podría llamarse el “negocio educativo” y no la responsabilidad ineludible del Estado, de garantizar la formación integral de las personas.
El planteo más fuerte sobre este concepto lo dio allá por abril, cuando en declaraciones periodísticas, Milei habló de generar “vouchers” para la educación.
Según su visión, el Estado, en vez de subsidiar a las instituciones, lo que a su criterio es literalmente “un robo”, el dinero debe ir directamente a los ciudadanos, quienes elegirán dónde estudiar, por lógica, generándose una oferta de instituciones (la mayoría privadas), ávidas de recibir el dinero para mantenerse en la “competencia” por la educación.
“Y la escuela donde eso no funciona, quiebra”, resaltó el candidato libertario.
Otro punto que ha destacado el postulante de “La libertad avanza” es que “el sistema de la obligación (para estudiar) no funciona”. Aquí echa por tierra el propio derecho de toda persona a estudiar, que avala la propia Constitución nacional y, sobre todo, la obligatoriedad de asistir a clases.
La piedra fundamental de la obligatoriedad es la Ley nacional 1.420, que establece que “la educación primaria en nuestro país es común, gratuita y obligatoria”, promulgada el 8 de julio de 1884 y cuya sanción fue impulsada por la trascendental “generación del 80”, que tanto hizo por el país. Domingo Faustino Sarmiento fue una figura fundamental en esa Ley que, sin grieta alguna, nadie dudó en promover.
Tan trascendente fue esa norma que pasaron 122 años para recibir algún cambio. Y fue el de ampliar la obligatoriedad, ya que el 28 de diciembre de 2006, se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.206, que obliga a recibir educación a niñas y niños desde los 4 años hasta finalizar la escuela secundaria.
En el debate del domingo pasado, cuatro de los cinco candidatos hablaron de Educación Pública. Milei, en tono de “candidato que gana en las encuestas”, sólo se refirió por encima al tema y habló de generar un “Ministerio de Capital Humano”, en el que se incluiría a la Educación (junto a Salud, Niñez y familia y Trabajo).