'Esta semana el gobierno nacional anunció -por fin- el nuevo esquema de segmentación de tarifas para electricidad, agua y gas. Un anuncio necesario y postergado, que ya el entonces ministro Martín Guzmán había prometido, pero sobre el que no pudo avanzar por las internas y la resistencia de los funcionarios kirchneristas. Su sucesora, Silvina Batakis en poco más de 20 días, tampoco. Sergio Massa no perdió demasiado tiempo. Tal vez porque sabe que tampoco lo tiene.
Perdido en la neblina de un Gobierno condicionado por sus taras y la implacable macroeconomía, Massa avanzó con esa segmentación como parte de su estrategia desatanudos que su propio frente político ha asegurado fuerte y parejo durante tanto tiempo.
Sin embargo, dar ese paso significaba para el kirchnerismo y sus aliados aceptar la derrota cultural de su arraigada, extendida e indiscriminada política de subsidios con la que no sólo se beneficia a sectores que no lo necesitan, sino que alimenta la fantasía de una energía barata y accesible que no es tal. Ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. Populismo de cabotaje en un contexto internacional más convulsionado tras la invasión rusa a Ucrania.
Pero sobre todo, segmentar tarifas implica reconocer que pese a las feroces críticas, el rumbo de disminuir subsidios que comenzó Mauricio Macri y su ministro Juan José Aranguren es el correcto. Entre 2017 y 2019 los subsidios se redujeron en 12 mil millones de dólares, algo así como el 2% del PBI. Desde 2020, con Alberto Fernández y hasta hoy, volvieron a aumentar casi 10 mil millones de dólares. Y allí residen todos los fantasmas oficialistas.
El terror a quedar presos del discurso sobreactuado con el que el kirchnerismo y el Frente de Todos hizo tanto ruido durante el gobierno anterior al que acusaron de “insensible”, provocador de penurias con boletas impagables y otras consideraciones por el estilo que siempre incluían la palabra “tarifazo”. Eso no le podía pasar a este gobierno que se construyó desde la antítesis.
Por ello y para comunicarlo, el Gobierno apeló a eslóganes como la justicia social y la equidad redistributiva, acordándose tal vez tarde del efecto regresivo de los subsidios masivos. Sin embargo, la necesidad de cumplir con la metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de achicar el déficit fiscal y de aumentar las reservas forzaron la decisión.
Eso sí, no se podía mencionar que este paso implica un aumento generalizado de tarifas que según los especialistas irán de más del 50 al 150%. Todo esto, por supuesto, condicionado según el consumo y el nivel de ingresos informado en el empadronamiento previo de los ciudadanos. Y con ello, algunas preocupaciones adicionales: la primera, si en un contexto de pérdida de poder adquisitivo todos los hogares que recibirán aumentos podrán hacer frente a ellos; y la segunda, cuál será el traslado a los costos de la producción de cualquier bien, y con eso, a generar más inflación en los próximos meses.
Funcionarios como Malena Massa, que no dudaron en divulgar datos privados de contribuyentes al día en sus obligaciones para argumentar la necesidad del aumento (otra barbaridad inadmisible en democracia) entraron en acción. La esposa del ministro aseguró, además, que “no se trataba de un aumento de tarifas, sino de un redistribución de subsidios”. Un absurdo eufemismo para intentar convencernos que no estamos enfermos, sino bastante escasos de salud.
En la ilusión de creer que no lo que no se nombra no sucede, el Gobierno Nacional al menos deja de lado el relato de que hay cosas que no cuestan o pueden ser accesibles sólo por la decisión de un funcionario. Y que quien pretende cobrar lo que eso vale es un enemigo del pueblo. Una dicotomía que podrá terminar de licuarse cuando en setiembre llegue a cada hogar la cuenta a pagar y entonces sí, no habrá relato que pueda disimular el tarifazo camuflado de palabras de estos días.