El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE, vive un momento de preocupación institucional luego de que la segunda línea gemial, encabezada por Gustavo Correa, esté en el centro de la tormenta por una grave acusación de abuso sexual en el edificio de la Unión Comercial e Industrial, UCIM, de Mendoza.
No es la primera vez que Correa pone en un lugar incómodo al SUTE, sí en cuanto a una denuncia por abuso sexual, ya que hace un poco más de un año -en octubre de 2021- puso al sindicato de los docentes en un aprieto cuando presentó una demanda por más de tres millones de pesos, una actitud en su momento considerada como, "antidemocrática, desleal y antisindical por parte del representante de la agrupación Azul-Naranja".
El sindicalista mendocino, implicado en la denuncia por abuso sexual junto a Alexis Palacios y Marcos Doña, es la segunda autoridad más importante del sindicato docente de Mendoza, luego de la secretaria general, Carina Sedano, por el reciente hecho evitó brindar detalles de lo acontecido contestando que lo hará ante la Justicia.
Pero la demanda contra el SUTE en 2021 no fue la primera vez que la ensayó Correa, según el comunicado hecho público por el sindicato en octubre de ese año, señaló: “El Secretario General de la CTA de Mendoza y referente de una de las agrupaciones opositoras del gremio (Agrupación Azul-Naranja), ha demandado nuevamente al SUTE. Recordamos que dicha demanda parte de la actitud antidemocrática de desconocer lo que mayoritariamente se votó en Plenario Provincial, es decir, la salida de SUTE de la CTA. Pretende que miles de trabajadores/as de la educación le paguen a su nombre lo que correspondería a las cuotas desde fin del 2018 a la actualidad”.
La movida de Correa se fortaleció en el hecho de que actualmente el hombre es el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, confirmado en ese puesto el 29 de noviembre pasado.
Mucho tiempo arrastra este conflicto entre el dirigente sindical peronista y el sindicato de los docentes. En el 2017, cuando la lista del FURS ganó la conducción del SUTE, el frente Azul- Naranja, "en una embestida antidemocrática pidió la intervención de la sección Guaymallén, desconociendo el resultado de las urnas y pidiendo la intervención del Ministerio de Trabajo. A su vez, por esos años, el representante del peronismo en docentes, era empleado del SUTE y tenía una licencia gremial para estar en la CTA. Desde el Secretariado del sindicato se le ofreció la posibilidad de terminar con esa licencia y volver a trabajar, sin embargo Gustavo Correa decidió hacer juicio por indemnización y se llevó medio millón de pesos", dieron a conocer en su momento desde el sector de los trabajadores de la educación local.
En el 2018 desde el SUTE también declaron: “Políticamente, deja en claro el único ámbito donde el Frente Azul Naranja tiene militancia: los pasillos de los tribunales. No llevan adelante las medidas de lucha que se votan (ni ninguna otra), y buscan poner a un juez por encima de la democracia sindical. Toda una definición de principios”.
Representantes legales del SUTE habían divulgado en ese entonces para que el 10 de agosto del 2020 había entrado un embargo por $2.045.000 y que el 25 de agosto del 2021 Gustavo Correa, había interpuesto un nuevo embargo por $2.400.000. Estos embargos fueron impugnados por el sindicato y ahora resta saber qué decide la Justicia, habiendo quedado todo en manos de la Tercera Cámara de Trabajo.
Ese nuevo intento de “meter la mano en la lata”, como calificaron desde el SUTE, generó mucho repudio que se viralizó en las redes y en muchos grupos de docentes de toda la provincia de Mendoza.
Desde el Secretariado Provincial del SUTE en ese tiempo observaron que “se debe respetar la voluntad las escuelas y los plenarios que decidieron la salida de SUTE de la CTA” y llamaron a la dirigencia de esa central y su agrupación dentro del SUTE a “reflexionar y sobre todo actuar con la responsabilidad que amerita el cuidado de los fondos sindicales y el respeto por las decisiones democráticas”.
También marcaron que, "tener un cargo de representación no puede significar un privilegio para sacar ventaja económica sobre la realidad que viven los y las miles de trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia. Tampoco puede serlo aprovechar las relaciones con el Ministerio de Trabajo y la Justicia para judicializar todo a favor de llenarse los bolsillos con los aportes de las y los afiliados. El dirigente de la CTA y del PJ provincial no es la primera vez que lo hace".