Lejos de superarse, el conflicto entre el Ejecutivo provincial con los anestesistas parece no tener fin.
Cuando desde el Gobierno creyeron poner punto final a la protesta al sancionar en tiempo récord la ley de emergencia para el sector, la resistencia de los profesionales a su aplicación ha hecho que la disputa siga escalando.
Recientemente se conoció que los anestesistas autoconvocados han hecho una presentación internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, para denunciar lo que consideran es el "trabajo forzado" que les exige la ley de emergencia para el sector.
Con esa legislación se buscó evitar las renuncias masivas de los médicos, pero también superar el embudo de cirugías atrasadas. Una situación que no se ha concretado ya que a la fecha, son más de 6.000 las operaciones postergadas por falta de anestesistas.
En paralelo, una mesa de diálogo creada por ley ha tenido muy pocos avances, y de hecho la presentación de esta demanda internacional contra la provincia da cuenta de lo estancado de la situación.
Ahora, los anestesiólogos acuden a la CIDH para que se aplique el Pacto de San José de Costa Rica ante lo que consideran una vulneración de sus derechos humanos como trabajadores de la salud. En definitiva, una nueva etapa de una pelea sin fin.