El socialista Pedro Sánchez fue reelecto hoy presidente del Gobierno español al frente de una coalición con varios partidos, en un país profundamente dividido por su decisión de conceder una ley de amnistía a independentistas catalanes a cambio de su apoyo.
Sánchez obtuvo 179 votos a favor en el Congreso de los Diputados, tres más que la mayoría absoluta, y 171 en contra, anunció la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol.
"Declaro otorgada la confianza del Congreso a don Pedro Sánchez", anunció Armengol tras las votación, en el segundo y último día de la sesión especial de investidura, informó la agencia de noticias AFP.
En el poder desde 2018, Sánchez, del partido socialista PSOE, tenía garantizados los votos de esos 179 diputados gracias a alianzas que durante semanas tejió con otras agrupaciones con representación en el Parlamento.
Ya investido por los diputados, Sánchez, de 51 años, asumirá un nuevo Gobierno en los próximos días con sus aliados de la coalición de izquierda Sumar, poniendo fin a casi cuatro meses de bloqueo desde las elecciones generales del 23 de julio.
El PSOE quedó segundo en esos comicios, por detrás del opositor y derechista Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, quien recibió encargo de formar Gobierno antes que Sánchez pero no fue capaz de reunir una mayoría en el Congreso de los Diputados.
En las últimas semanas, Sánchez negoció por doquier para sellar acuerdos con varios grupos regionalistas de Cataluña, Galicia y el País vasco, cuyo apoyo le resultaba crucial a falta de una mayoría clara en el Parlamento.
La controvertida amnistía a independentistas catalanes marca la investidura, desatando protestas y tensiones en un país polarizado
En concreto, tuvo que mantener conversaciones con el partido del líder independentista catalán Carles Puigdemont, que vive en Bélgica desde hace seis años para eludir su procesamiento por liderar un intento fallido de secesión de Cataluña en 2017.
Aceptando, tras intensas negociaciones, apoyar la reelección de Sánchez, Puigdemont obtuvo de los socialistas el compromiso de la próxima aprobación de una ley de amnistía para cientos de independentistas procesados, que debería permitirle regresar a España.
Al exponer ayer ante los diputados las prioridades de su nueva legislatura, Sánchez defendió la necesidad y constitucionalidad de este acuerdo con el partido Juntos por Cataluña de Puigdemont, pese a que se había opuesto a la amnistía en el pasado.
Esto es necesario para "cerrar las heridas" abiertas por la crisis de 2017, afirmó el presidente del Gobierno, asegurando que quiere garantizar "la unidad de España por la vía del diálogo y del perdón".
El socialista prometió actuar como "un muro" frente a la "agenda reaccionaria" que representan las "derechas retrógradas" del PP y del partido de extrema derecha Vox.
Anunció una serie de medidas dirigidas a los sectores populares, entre ellas la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024 y la gratuidad, a partir del 1 de enero, del transporte público para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas.
Asimismo, se comprometió a destinar 10 euros a la lucha contra la violencia machista por cada euro que un gobierno autonómico municipal retire de lo destinado a su prevención y eliminación.
El PP acusa a Sánchez de haber pactado la amnistía con el único objetivo de mantenerse en el poder a toda costa, y dice que el acuerdo pone en riesgo la integridad territorial de España.
Rechazada por la mayoría de los españoles, según varios sondeos de opinión, esta amnistía llevó el domingo a cientos de miles de personas a salir a la calle en respuesta a una convocatoria del PP.
Para el sábado está prevista en Madrid una nueva manifestación, en la que participarán dirigentes del PP y de Vox.
El miércoles por la noche, 15 personas más fueron detenidas por alterar el orden público y enfrentarse a la policía, según la Delegación del Gobierno en Madrid.
Como consecuencia de estas tensiones, más de 1.600 policías se desplegaron de nuevo el jueves en torno al Congreso de los Diputados, completamente acordonado desde el miércoles por las fuerzas del orden.
Es el dispositivo equivalente a un partido de fútbol de alto riesgo.
En este contexto, Sánchez pidió el miércoles a la oposición que sea "responsable" y no aproveche la situación para crear tensión en las calles.