Un polémico proyecto de ley presentado por el diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, plantea además crear un fondo sobre el precio de los combustibles para financiar mejoras en las instalaciones. Las compañías deberán absorber a las expendedoras blancas.

El diputado nacional por el oficialista Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentó un proyecto de ley (2378-D-2020) que tiene por objeto renovar y homogeneizar normativas en materia de comercialización de combustibles de uso automotor en todo el ámbito de la República Argentina.

La iniciativa – una más de muchas que ingresaron sin suerte al ámbito legislativo – se enfoca en la protección de las pequeñas y medianas empresas del sector. Tras ese objetivo, propone una serie de modificaciones a la situación legal actual que de lograr su sanción, provocaría un cambio sustancial en el modo de llevar adelante la actividad de expendio de hidrocarburos en el país.

Entre los puntos salientes de la moción parlamentaria de Gutiérrez, se destaca la prohibición a las petroleras y distribuidores mayoristas (directa o indirectamente) de operar Estaciones de Servicio, aunque las habilita a participar mientras la venta a consumidores directos no excedan el quince por ciento de sus ventas totales en el mercado interno. En este sentido, deberán vender o alquilar los inmuebles desafectados a terceros independientes.

Tampoco podrán abastecer a clientes en forma directa ni fijar precios de reventa, márgenes de ganancia o cualquier otra condición de comercialización.

Respecto a los contratos de provisión, estos tendrán un plazo mínimo de duración de tres años y un plazo máximo de cinco. En todos los casos, se encuentre o no establecido expresamente en el contrato inicial, el comercializador minorista podrá hacer uso del derecho a prórroga, una vez finalizado el contrato, por cinco años más.

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Una de las cuestiones más relevantes de la propuesta de Gutiérrez es la creación de un fondo, destinado a la remediación de suelos, mejoramiento de las instalaciones, capacitación del personal y la colocación de cámaras de seguridad; a través de un aporte obligatorio sobre el precio en el surtidor. Asimismo, asignará una retribución económica a los trabajadores, en compensación por manipular y trabajar en contacto con productos riesgosos.

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Finalmente ordena prohibir el sistema de autoservicio en todos los locales de venta al público, estableciendo que el transporte, manipulación y despacho de combustible en las Estaciones de Servicio deberá ser efectuado por personal debidamente capacitado.

“Creemos que el sector debe estar reordenado: las empresas petroleras dedicarse exclusivamente a la exploración, producción e industrialización de hidrocarburos; para lo cual cuentan con la infraestructura suficiente para ello; y dejar la comercialización hacia el consumidor y usuario final y a las pequeñas y medianas empresas”, subrayó Gutiérrez.

Fuente: Surtidores.com