El segundo juicio por el Caso Próvolo, en cuya causa hay nueve personas imputadas entre las que se encuentran las dos monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez y la ex apoderada legal del Instituto Antonio Próvolo,Graciela Pascual, continuará mañana a partir de las 8.30 en los Tribunales de Mendoza.
Las otras imputadas son las ex directoras de la entidad, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza; la cocinera Noemí Paz; y la psicóloga Cecilia Raffo.
Las nueve mujeres imputadas estarán de forma presencial en la sala 4 del Fuero Penal Colegiado, en el debate que será presidido -en la misma sala de audiencias- por el presidente del tribunal, el juez Horacio Cadile.
En tanto, el resto de los jueces del tribunal, así como también los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana; los abogados querellantes y las defensas, participarán en forma virtual, según confirmaron a Télam fuentes judiciales.
Por lo tanto, el debate se desarrollará con una modalidad mixta y se utilizará una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat, reuniones de video, almacenamiento de archivos, e integración de aplicaciones.
En el pasado mes de febrero se realizó la audiencia preliminar donde se leyó la parte formal de las acusaciones y se extrajeron los datos de las imputadas, y como la causa tiene muchas fojas de actuaciones, la misma demandó varias horas, y requirió dos nuevas audiencias.
Luego se habían fijado una serie de nuevas audiencias preliminares, donde se tienen que dirimir unas 40 actuaciones, que no pudieron seguir adelante por la aparición de la pandemia de coronavirus.
Desde mañana, con estos nuevos protocolos, se va a poder avanzar en estos actos procesales, en los que primero se van a ventilar, como es de rigor, los planteos previos y nulidades, y, una vez completado ese paso, se entrará en el debate propiamente dicho.
El fiscal Gustavo Stroppiana, que llevó adelante la instrucción de la causa, sostuvo en la elevación a juicio, que las acusadas sabían de los delitos cometidos y no los denunciaron ni hicieron nada para evitarlos, con lo cual todas elas son responsables del delito de encubrimiento, en distinta medida.
Por este mismo caso, en un juicio que marca precedente en el mundo, la Justicia mendocina condenó el 25 de noviembre del año pasado a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez, a 18 años de cárcel, acusados por abusos sexuales y corrupción de menores a niños con hipoacusia en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.
Para este segundo juicio oral se consiguieron unificar las diferentes causas y la más comprometida es Kumiko, una religiosa de ascendencia japonesa con prisión domiciliaria e imputada como partícipe primaria de los abusos cometidos en el Próvolo, en siete hechos, en uno de los cuales está sindicada como autora penalmente responsable de un abuso simple.
Las otras ocho imputadas llegarán al debate en libertad, aunque Graciela Pascual ya estuvo detenida por un lapso mayor a dos años, desde el 24 de agosto de 2017, primero en el penal de Cacheuta, y luego le concedieron la prisión domiciliaria.
Sin embargo, en octubre pasado, le fue otorgada la libertad por una argucia legal, ya que se retrasó el inicio del juicio oral, y sus defensores la lograron mediante la presentación de un hábeas corpus.