Un grupo de legisladores mendocinos cercanos al oficialismo provincial busca mediar en el conflicto desatado en el sector vitivinícola a causa de las fuertes diferencias existentes entre los integrantes de la Corporación Vitivinícola de Argentina (Coviar).

El problema central tiene como eje el Plan Estratégico Vitivinicola (PEVI) que culmina este año y que la organización busca prorrogar hasta 2030, una posición que no es compartida de manera unánime y que hizo que varias entidades pidieran que la organización sea intervenida.

Bodegas de Argentina, la entidad de mayor representatividad del sector, decidió renunciar a la Coviar, junto con el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.

El último punto de conflicto fue la designación del bodeguero José Alberto Zuccardi como nuevo presidente de la Coviar, quien asumirá el cargo el próximo 7 de marzo.

Ambas entidades expresaron su disconformidad y decidieron apartarse de la corporación, posición que luego fue compartida por otras asociaciones que nuclean a productores primarios de tres provincias vitivinícolas: Mendoza, San Juan y Salta.

Ante esta situación, los diputados Josefina Canale (PDP-Partido Demócrata Progresista); Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO); y Guillermo Mosso (PD), que conforman un interbloque informal, aunque están bajo la alianza del oficialismo de Cambia Mendoza, presentaron hoy en la Cámara baja provincial, un proyecto de declaración para que se debata la extensión del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) hasta el año 2030.

A pesar de sostener que “la iniciativa de prorrogar el plan carece de fundamentos sólidos”, instaron a que el debate sea “amplio” y que abarque “objetivos y resultados, con todos los sectores de la economía y la producción, con la inclusión de ámbitos académicos y científicos, a fin de diseñar una planificación para la vitivinicultura que sea capaz de articular sinérgicamente el potencial de Nación, Provincias, Cámaras y Productores”.

En sus considerandos, el proyecto plantea que “el plan a la fecha no ha alcanzado sus objetivos, no expandió el mercado externo ni detuvo la caída del mercado doméstico, ni alcanzó los objetivos en materia de integración de productores”.

Es por ello que argumentan “resulta razonable que la gran mayoría de productores y bodegueros, que son quienes con sus aportes sostienen al PEVI, no vean el sentido de una ampliación del plazo y que se inclinen en mayoría por cerrar el capítulo y dejar abierta la discusión hacia el futuro para hacer algo que tendrá que ser totalmente distinto”.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores apuntaron que “la dirigencia de Coviar, se encuentra dividida y en conflicto con los sectores más representativos de la vitivinicultura”.

Remarcaron que “en el marco de la profunda crisis que atraviesa la vitivinicultura actual, con sobre stocks vínicos, con caída de los precios del vino y de la uva, con pérdida absoluta de rentabilidad de productores, resulta ridículo que se pretenda prorrogar el plan como un mero trámite sin discutir el por qué de su fracaso”.

Por último, plantearon que la extensión del PEVI “es una oportunidad para rediscutir la matriz productiva de la provincia y a la vitivinicultura como una verdadera Política de Estado, involucrando a todas las entidades representativas”.