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Planes y movimientos sociales en tiempos sin pleno empleo

La ex presidenta –por lejos, la política más influyente de la actual Argentina- decidió situarse en el centro del escenario. Desde allí, hablando en acto de la CTA diseñado para su discurso, hizo una larga alocución, donde señaló la importancia de la fuga de dólares para la existencia de inflación, mostrando así la responsabilidad del macrismo en el fenómeno de la suba de precios.

Redacción
25/06/2022 22:43

Por Roberto Follari, Especial para Jornada

Para ello, subrayó la existencia de la economía bimonetaria como principal causa de la inflación. Ello es muy destacable, porque no suele tomarse suficientemente en cuenta. Sin embargo, no asignar ningún peso al déficit fiscal como factor, parece poco convincente. De cualquier modo, la ex mandataria habló de “festival de importaciones” como método de grandes empresas para hacerse de los dólares baratos que el Estado provee a los importadores: y resultó una denuncia resonante.

  Incluso, muchos importadores han logrado amparos judiciales en su favor: ello hace que el gobierno pueda hacer poco al respecto. El 42% de las importaciones son por déficit energético, que existe desde hace casi una década; otra parte ha sido por la necesaria importación de vacunas, y otra por gastos de dólares de argentinos que viajan fuera del país. Si es así, no es tanto lo que “la lapicera” presidencial podría modificar. Se paliaría apenas una porción de la salida de dólares por importaciones, la cual es sólo una parte de la problemática del bimonetarismo, el cual a su vez es sólo un factor entre varios en la inflación.

  Del muy acertado descubrimiento del peso estructural de la doble moneda sobre la inflación al encuentro de una receta que resuelva de una vez tan enorme problemática, hay sin dudas un camino muy arduo.

  Luego, la actual vicepresidenta avanzó sobre la cuestión de los planes sociales, para señalar que la cultura del peronismo es la del trabajo, y que los planes no deberían estar tercerizados. Como era de esperarse, se produjo un alud de reacciones.

  La derecha política y mediática encontró un inesperado cauce de parcial acuerdo con Cristina: el macrista Grindetti pidió que los planes sean pasados a los municipios (como el de Lanús, donde él es intendente), y algunos periodistas y políticos aprovecharon para decir que los planes son injustificados, y para hablar pestes sobre los piqueteros.

  Raro todo: porque con el gobierno de Macri los planes crecieron enormemente, con el aumento del hambre y la pobreza generalizada (20 puntos de baja de salarios en su gobierno, 7 puntos de suba de pobreza): y como el macrismo no tiene militancia barrial en zonas de marginalidad social, los planes fueron manejados por movimientos sociales.

 También en tiempos de Cristina Fernández hubo organizaciones gestionando planes, si bien al final de su gobierno la cantidad de estos era 4 veces menor que la que luego dejó Macri.

  Las organizaciones sociales reaccionaron: no sólo el movimiento Evita, ostensible blanco principal de la crítica realizada. Es que cambiar planes por empleo, tal como sugirió la vicepresidenta, es lo que todos proponen, incluso la derecha (para esta, un modo de denostar los planes). Pero como en el capitalismo periférico hoy es completamente imposible el pleno empleo, los planes son necesarios: la misma Cristina, tras 12 años de gobiernos kirchneristas, dejó el desempleo en 5,9. Así son los planes de inevitables.

  ¿Quién debe administrarlos, entonces? Sucede que los movimientos sociales llegan a sitios a que no llegan los efectores estatales. Por eso se apela a ellos. Pero es cierto que no puede admitirse excesos, como hacer exigencias partidarias a los receptores o pedirles cuotas, tal cual confesó hacerlo algún dirigente de la izquierda. Eso es inadmisible.

  Podría hacerse una ley que regule estas funciones como se regulan los sindicatos: e incluso preverse alguna entrada para quienes organizan, a la vez que haciendo fuerte control y auditoría de los gastos y del uso de los recursos estatales involucrados.

  La otra opción, es devolver a los intendentes y/o gobernadores los recursos y la gestión. A eso se han lanzado algunos de ellos con indisimulable entusiasmo: los hay buenos, que pueden hacer gestión seria y eficiente, pero no puede dejar de dudarse en muchos casos de la calidad del servicio a ofrecer, sobre todo los partidarios de ideologías que detestan tanto a los planes como a sus receptores.

  Habrá que discutir, mientras los movimientos sociales muestran ser algo más que gestores de planes: sostienen comedores, pequeñas empresas, economía popular. Al respecto, el diputado Leonardo Grosso demostró en C5N lo central: en este tiempo, sólo la economía popular puede dar trabajo al enorme sector de la población dejado fuera por la economía hegemónica. Esa sería la única forma de terminar con los planes, y de terminar también con el desempleo. Y esa economía de los de abajo la promueven sólo los movimientos sociales, esos que han quedado tan cuestionados en esta ocasión.- 

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Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista Diario Jornada.