Por Roberto Follari, Especial para Jornada
A fines de octubre tendremos el resultado: Lula obtuvo el apoyo de quienes fueron votados en tercer y cuarto lugar, pero nada está seguro; excepto que en el Congreso la extrema derecha bolsonarista ha impuesto muchos personeros, incluso a Moro, el juez que practicó la falsa acusación judicial a Lula.
Y hablando de lo judicial, aquí en Argentina Manes revolvió el avispero. Dijo lo que mucha gente sabe, y pocos dicen: que hubo espionaje ilegal y manipulación de jueces y fiscales durante el macrismo. La acusación la ha vertido varias veces con detalle Carlos Pagni, insospechable de ser progresista, o menos aún kirchnerista. Está demostrado en las causas que siguen dando vueltas: la del grupo Mario Bros, donde se apeló al insólito argumento del presunto “cuentapropismo” de los espías, así como la de familiares de muertos en el ARA San Juan, donde el juez se atrevió a sostener que espionaje hubo, pero que era necesario para la seguridad de Macri.
La evidencia total de la situación, es proporcional a la necesidad de negarla: en Juntos por el Cambio, casi todos salieron a desmarcarse con aire ofendido. A coro en el PRO pusieron el grito en el cielo, mientras pasmosamente el Comité Nacional de la UCR también se ponía a tono, con Gerardo Morales a la cabeza: un Morales que muchas veces ha hablado pestes sobre Macri. Claro, Morales quiere ser candidato, y por ello necesita hundir a Manes. En cambio, la UCR de provincia de Bs.Aires, territorio que implica a casi el 40% del electorado nacional, apoyó al escritor de las neurociencias, con lo cual mostró que no toda la UCR está dispuesta a seguir siendo seguidora pasiva del PRO.
Mientras, sigue la investigación sobre el atentado a la vicepresidenta. Ahora se conoció la relación de Brenda Uliarte con “el Presto”, agresivo personaje ya condenado por intervenciones brutales contra Cristina Fernández. No se ha profundizado la relación con el grupo de choque Revolución Federal, así como la cuestión central de las relaciones políticas y financieras del grupo. Uberti, abogado de la ex presidenta, anticipa que van a aparecer nombres muy relevantes.
La presión de la derecha televisiva, así como la de Bullrich que viajó muy dúctil a Mascardi, prepararon el piso para la represión que el gobierno nacional hiciera sobre un grupo mapuche en terrenos presuntamente usurpados. Es cierto que no se usaron armas letales, y que la acción fue pedida por la gobernadora y la jueza: pero hay responsabilidad del ministerio de Aníbal Fernández en el operativo y en la detención de siete mujeres, varias de ellas llevadas a Buenos Aires. La satanización de los mapuches por tv es extrema: se los tilda aviesamente de “terroristas”, lo cual es mucho peor que tildarlos de “violentos” (Brenda o Sabag Montiel, en cambio, quienes sí usaron armas de fuego, no son llamados “terroristas”). Difícilmente actos que pudiera adscribirse a los ocupantes de terrenos, justifiquen un operativo tan denso. Muchos de los propietarios de la zona –algunos, muy recientes- son consorcios extranjeros, y algunos –caso Lewis- impiden el paso de los argentinos por territorios públicos. Los indígenas exhiben sus derechos ancestrales: habría que llamar a una gran mesa de diálogo, como ha solicitado la CTA de Yasky. A causa del operativo, renunció Gómez Alcorta en el Ministerio de la Mujer.
Justo cuando comienza el Encuentro de la Mujer –uno de los dos que habrá, dividido el conglomerado inicial- en la ciudad de San Luis: llegará una mujer visitante por cada dos habitantes de esa capital. Los sectores conservadores exhiben sus miedos, mientras las mujeres y las diversidades sexuales expresarán sus demandas y reivindicaciones, hoy con mucha llegada en el discurso público, pero lejos de estar impuestas en las costumbres sociales diarias.
Y la semana cerró con la oprobiosa acción policial en cancha de Gimnasia, en La Plata. Berni quedó en la picota pública, y su defensa inicial del accionar policial debió trocar a la crítica decidida de lo actuado: gases y balines a montón por largos minutos. Un muerto, varios heridos. Kicilof echó al jefe del operativo y por ahora sostiene al ministro: algunos dicen que ha sido una operación de la Bonaerense contra el gobernador. Lo cierto es que ha fallado el control político sobre la policía, una vez más. Y que lo ocurrido no puede volver a suceder. Ritondo (recientemente acusado de ligazón con el narcotráfico por la jueza Arroyo Salgado, cuyo antikirchnerismo es muy conocido) aprovechó la ocasión para hablar de los supuestos logros de su gobierno en seguridad: la población está sometida a fuego verbal cruzado, pero lo cierto es que con gobiernos diversos la situación securitaria bonaerense sigue sin mejoras de peso, esas que son tan urgentes como imprescindibles.-
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