Por Roberto Follari, Especial para Jornada
Es clara la idea de estos grupos de extrema derecha, que por mucho tiempo estuvieron fuera del juego democrático y reducidas a minorías irrelevantes. Entrar a una democracia en la que parecen no creer, para tomar el gobierno y llevarlo en la dirección de sus posiciones (ultraliberalismo en Latinoamérica, racismo, antifeminismo, antiinmigración, etc.). Pero forzar así a la democracia instalando en su espacio prácticas y lenguajes que le son ajenos: violencia, chantaje, presencia de masas en las calles para forzar decisiones, escraches a quienes no se sometan a su voluntad.
Lo vemos en Brasil: una masa que hace profesión de ignorancia -excepto algún líder obviamente coucheado- y dice que la Constitución brasileña autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir según solicitud “del pueblo”. Por supuesto que ellos no son todo el pueblo, y no tienen ningún encargo institucional para pedir semejante enormidad: son menos de la mitad de los brasileños. Pero con la lógica de las redes sociales (donde cada cual habla sólo con quienes piensan igual, formando una burbuja que termina creyendo que así piensan todos), se convencen de que “son el pueblo”, no reconocen su derrota ni su minoría electoral, y se erigen amenazantes, llamando “usurpadores” a quienes han ganado legítimamente. Lo hacen bordeando los límites de lo ilegal, tomando rutas y llamando al golpe de Estado de una manera abierta y caraduresca.
Son los mismos que en Argentina han sido sometidos a una investigación no muy detallada, tras el atentado a Cristina Fernández. Se dio una súbita libertad a los integrantes de Revolución Federal por vía de una Cámara Federal que ya debió haberse ido -el Consejo de la Magistratura no hace su necesario reemplazo-, uno de cuyos integrantes tuvo el escaso decoro de ir al Congreso a argumentar para -como juez- seguir no pagando el impuesto a las ganancias que erogamos todos los argentinos que estamos por sobre el umbral mínimo.
Ese grupo -solventado con dineros de la familia Caputo por dudosos servicios de carpintería- llevaba guillotinas a la Casa Rosada, en otra ocasión tiró antorchas encendidas hacia la Casa de Gobierno, escrachó brutalmente a diversas figuras (Grabois y De Loredo entre ellas), llevó horcas, pateó automóviles oficiales, estuvo a punto de golpear a un periodista, amenazó de muerte a la vicepresidenta, insultó y amedrentó en todos los tonos, pidió “muerte, cárcel o exilio” para los kirchneristas. Y la democracia argentina mostró su virginidad frente al nuevo fenómeno: no supo qué hacer. Sólo el atentado, fallido por azar, acabó con la escalada de excesos verbales y gráficos, presentados benévolamente por los medios: escalada abiertamente reñida con las libertades democráticas y con las garantías ciudadanas.
Está clara la idea: apropiarse de la democracia, para dentro de ella sembrar actitudes de dictadura. Ya que no se acepta hoy la añeja apelación golpista a los cuarteles, el golpe se dará dentro mismo del sistema. De modo que al uso de sectores judiciales y mediáticos para persecución y lawfare, se suma hoy una derecha desaforada y puesta en los bordes permanentes de la ilegalidad, desobediente a la democracia y a sus reglas de funcionamiento.
Es cierto que en Argentina, los sujetos, al ser detenidos, mostraron sorprendente fragilidad: se notó que su indignación era en varios casos fingida, que al menos algunos miembros actuaron sólo por dinero, y que son capaces de echarse la culpa entre ellos sin que hayan pasado ni por un asomo de lo que sufrieron militantes populares de otra época que ellos pretenden despreciar. “Yo no fui, fue Teté”, como en vieja canción infantil, resultó moneda común entre los detenidos.
La democracia tiene que aprender qué hacer frente a los grupos antidemocráticos. Si se responde con tolerancia a los intolerantes, estos se imponen. Esa es la paradoja ya muy conocida en Filosofía política: no se puede ser débiles con quienes usan la fuerza contra las reglas del sistema institucional. Es un dilema difícil, porque por supuesto no pueden ni deben violarse desde el Estado las garantías ni los derechos, pues ello sería en cualquier caso inaceptable: no se trata de la pretensión de Macri y Bullrich de traer de nuevo las Fuerzas Armadas a la represión interna. Pero de un modo no infiel a la democracia, o los sistemas políticos aprenden a ser inflexibles con los nuevos apóstoles de la violencia o estos se llevarán puestos a los sistemas, con los desastres sociales que eso conlleva. Es allí donde está hoy el desafío.-
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