Por Roberto Follari, Especial para Jornada
La idea es acabar con el Estado post-peronista, enterrar de golpe más de setenta años de derechos sociales consolidados en torno del Estado, como son las jubilaciones de reparto, los derechos de indemnización, las garantías sindicales para el trabajador: se vendrían reformas abruptas en lo laboral y lo previsional, se quitaría impuestos a los empresarios y prestaciones a los empleados, se quitaría servicios que los ciudadanos de a pie tendrían que empezar a pagar todos los días. La educación y la salud verían disminuido su apoyo presupuestal, de modo que bajarían su calidad, o lisa y llanamente llegarían sólo a quienes pudieran solventarlos con sus propios recursos.
El “experimento Milei” ha ido en esa dirección: ver hasta cuánto se puede empezar a decir respecto a quitar derechos a las personas, transformándolo todo en aquello de “los más diversos objetos, personas y cosas pueden convertirse en bienes de mercado”, pueden comprarse y venderse. Bullrich y Macri transitan claramente por esa vía, pero han dejado que el papel del desgaste lo ocupe el melenudo político, quien rápidamente ha comenzado su caída en las encuestas: usar pasajes de legislador para sus actos partidarios, acusar periodistas por considerarse agraviado, llamar a la “libertad de armarse” cuando suceden las crueles matanzas por civiles en Estados Unidos, lanzar que hay que vender los propios órganos. Milei se pasó de la raya y lo pagó perdiendo, en sólo un par de semanas, a un tercio de quienes habían pensado en votarlo.
En el macrismo, festejan: ya pueden salir a decir cosas parecidas a Milei (excepto en la venta de órganos, claro), las que no suenan tan extremistas ni estrambóticas como hace unos meses, a la vez que el hombre de las camperas de cuero negro ya no se lleva tantos votos hacia fuera de Juntos por el Cambio. Se ha ensanchado el campo de discurso –puede prometerse “sangre, sudor y lágrimas” como hizo Bullrich, afirmarse que “entraremos con la metra” como lanzó Arietto- y ya pocos se escandalizan. Esa es la idea: acostumbrar a todos al extremo verbalizado, de modo que cuando ellos quieran imponer medidas de escándalo si de nuevo son gobierno, nadie pueda sentirse extrañado o violentado.
Claro que el pueblo argentino tiene cuero duro. Por eso la promesa es hacerlo todo contra viento y marea, contra cualquiera que quiera oponerse. La amenaza de represión ha sido explícita, y es obviamente la única que puede sostener la viabilidad de semejantes medidas impopulares.
Pero la CGT de Ubaldini y García se animó a paros contra la dictadura que había iniciado Videla; Menem se tuvo que enfrentar al surgimiento de los piqueteros y los cortes de ruta ante los efectos desocupatorios de sus privatizaciones, De la Rúa fue echado por el pueblo en la calle a pesar de los 35 muertos por represión en Plaza de Mayo, a Duhalde también lo expulsó la movilización vía el asesinato de Kostecki y Santillán, Macri empezó su caída cuando quiso imponer la reforma jubilatoria a sangre y fuego. Al pueblo argentino no se lo acalla fácilmente, y no se ve por qué se confía en que esta vez va a poderse hacerlo.
Primero, la derecha tendría que ganar las elecciones presidenciales. Tiene perspectivas pero está lejos de la seguridad de ganar, incluso por sus problemas internos. Pero además, una cosa sería ganar una elección, otra arrasar con logros sociales largamente consolidados en la población. Esto último, implica pasar por encima de sindicatos, organizaciones sociales, movimientos organizados, ciudadanos independientes prontos a defender sus derechos. Y esa es una apuesta que perdieron ya varias veces las derechas en la Argentina, incluso cuando gobernaban por vía de dictaduras feroces.-
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