En el corto plazo, la inestabilidad, la caída de valores y la desconfianza se ciernen como riesgos para la sociedad chilena
Por MARIO ALEJANDRO SCHOLZ
La opinión generalizada sobre los resultados de la elección constituyente en Chile, realizada los pasados días 15 y 16 de mayo, resalta un triunfo de la nueva “izquierda” por los apoyos obtenidos por el Partido Comunista y el Frente Amplio, como conjunto de izquierda radical, que igualmente no alcanzó a lograr un tercio de los representantes, que es el escalón mínimo para ejercer el veto de las propuestas en la asamblea cuya aprobación requiere al menos 2/3 de los votos positivos de los representantes. El centro izquierda representado en la Concertación mayormente por el Partido Socialista, tuvo un caudal menor, pero sigue representando el principal partido político tradicional que ha conseguido apoyo de los electores. El otro partido integrante destacado de la Concertación, la Democracia Cristiana, quedó prácticamente reducido a una mínima expresión.
Ahora bien, en segundo análisis encontramos que los así llamados “independientes” sí rozaron el tercio de representación y es éste un grupo no alienado, que en rigor compone una mistura de orientaciones políticas de distinto carácter, cuyo denominador común es solo su postura anti-sistema tradicional respecto del sistema binario antes vigente, encarnado por la derecha y la Concertación, que gobernó alternadamente el país los últimos treinta años. En palabras del sociólogo Manuel Canales –que hacemos propias- “triunfó la otredad y no la oposición”. Es decir, no precisamente la izquierda por sí sola.
Tampoco resulta fácil desentrañar cómo las utopías de la nueva izquierda chilena pueden llegar al terreno de la práctica política. El analista Noam Timelman busca caracterizarla, y así nos da algunos indicios, pero sin llegar al fondo de nuestras preocupaciones. Señala que es un sector mayoritariamente juvenil y de graduados universitarios, surgido en parte de los reclamos estudiantiles de la década pasada (en tiempos de la presidencia de Michelle Bachelet), con fuertes liderazgos feministas. A su juicio es democrática y tiene vocación de diálogo, y destaca además su mayor presencia territorial, es decir, su cercanía a las preocupaciones de los vecinos de las distintas comunidades chilenas. En cambio, nada nos dice sobre los caminos para responder a sus reclamos genéricos para satisfacer demandas sociales en materia de salud, educación, vivienda, entre otros.
Sin agotar todas las piezas del rompecabezas chileno, cabe advertir otro fenómeno destacado de esta última elección, que es el elevado ausentismo, con apenas una participación de poco más del 40% de la población en condiciones de votar, un nuevo mínimo histórico. La única realidad mayoritaria en Chile es así de “silenciosa”, no votó. En situaciones habituales el presentismo electoral en el país andino puede rondar hasta un 60%, aunque con el creciente desengaño político se había reducido a apenas un 50%. Igualmente, con una nueva Constitución en vigor y una futura elección presidencial en juego, que sucedería a un periodo de grandes protestas populares (las mayores de que se registra memoria en el país), cabría esperar que se sume al menos un 20% del electorado al piso actual, es decir, que un tercio de esa mayoría “silenciosa” se haga presente. Y es muy incierta su posible inclinación electoral.
Mayor incertidumbre se aprecia todavía cuando se advierte que la primera minoría en esta última elección, los “independientes” de la “Lista del Pueblo”, señalan a través de sus principales convocantes que se trata de un movimiento que no dará lugar a un partido político nuevo. Es por ello que puede concluirse que tanto la conformación de un gobierno razonablemente estable en las próximas elecciones presidenciales, así como ahora el cumplimiento del mandato de los representantes en la asamblea para redactar una nueva constitución, exigirán acuerdos. Y sólo si los mismos son auténticos, producto del diálogo, del consenso, de la búsqueda de puntos en común antes de dejar abiertas las disidencias, serán fructíferos. De lo contrario, la gobernanza seguirá en duda, la inestabilidad primará, y en cuanto a la Carta Magna chilena, resultaría un pastiche abierto a interpretaciones variadas y de oportunidad y conveniencia, dando así lugar a judicializaciones e incertidumbre.
Por lo pronto, en el corto plazo, la inestabilidad, la caída de valores y la desconfianza se ciernen como riesgos para la economía chilena, hasta hace pocos años el mejor ejemplo de las reformas pro mercado en América Latina. Y este temor surge tanto por los derechos que podría incluir la constituyente, como por el futuro gobierno que podría llegar con las elecciones presidenciales de fin de este año. Cabe recordar que el proyecto de nueva Constitución será sometido en julio próximo a su posible aprobación por plebiscito.
UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ABIERTA
La Constitución aún vigente, aprobada en tiempos de Pinochet, incluye sin duda severos puntos de discordia, en particular la representación y poder del Senado en el que en vida el mismo dictador se había asegurado una banca vitalicia por su condición de ex presidente. Otro cuestionamiento de peso es la falta de presentación territorial, amén de la necesidad de incorporar los “nuevos derechos” (protección ambiental, paridad de género, etc.). Pero a ello se suman ahora reivindicaciones sectoriales, por caso el reconocimiento de un estado de carácter “plurinacional” por parte de minorías étnicas, o también nuevos objetivos aspiracionales, como la garantía de acceso al agua potable y a la vivienda consideradas derechos fundamentales. Por supuesto algunas cuestiones se resuelven en términos políticos, pero otras exigen para su vigencia efectiva asumir un costo económico para la sociedad.
Por las posiciones extremas parecería difícil el logro de acuerdos con significado real ante la enorme dispersión -verdadera atomización- del voto popular, la que como resultado devino en que ningún sector, ya sea la derecha, el centro izquierda tradicional de la Concertación, la nueva izquierda del Frente Amplio unida al partido comunista o los “independientes” de la “lista del Pueblo”, tengan control efectivo sobre la asamblea. Pero quizás no tanto, quizás puedan aparecer algunos consensos. Al respecto un interesante trabajo de un grupo de analistas chilenos que encuestaron y, de algún modo, tantearon las opiniones de los futuros asambleístas, dentro de los cuales los independientes tiene mayor peso relativo con una edad promedio que no supera los 45 años, arroja posibles consensos en algunos temas críticos. En primer lugar, destacan la voluntad de atenuar el presidencialismo.
Esta atenuación puede presentar dos versiones, la más probable sería la más moderada, con un primer ministro a la manera argentina, en la que en definitiva la última palabra la mantiene el presidente y el premier es sólo un colchón (buffer) en situaciones de conflicto. Menos probable a nuestro juicio sería la adopción del modelo parlamentario europeo pleno, como promueven algunos constitucionalistas chilenos, deseosos de encontrar salidas con contenido real. Para ese enfoque el parlamentarismo en la Constitución es una buena oportunidad ante la atomización partidaria y la necesidad de lograr un nivel sistémico de gobernanza, de modo que, si un gobierno no logra consenso en una determinada coyuntura, debe ceder y dar lugar a nuevas alternativas, ya sea un cambio de gabinete con premier incluido o bien un llamado a elecciones anticipadas. Es decir que, en situaciones de inestabilidad, el sistema parlamentario puede constituir un mecanismo para canalizar la ausencia de mayorías.
Otro posible consenso se relacionaría con el fin del actual Senado, abriéndose aquí dos alternativas: una, que los autores ven como más probable, que consiste en una nueva cámara alta con representación territorial exclusiva, a la manera de la Constitución americana (adoptada también en varios países de la región); y la segunda, con menores chances, mediante su supresión plena para establecer un sistema unicameral. También existiría consenso múltiple en adoptar la exigencia para determinadas cuestiones que se consideren fundamentales del logro de mayorías especiales para su aprobación, es decir por caso, los mismos dos tercios que exige la asamblea para cada artículo de la nueva Constitución.
La inclusión de cierto nivel de autonomía regional también podría ser parte del consenso, posiblemente no al punto de la aprobación de la condición plurinacional del Estado chileno, algo que por el contrario una mayoría podría rechazar en la Asamblea. En cuanto a la incorporación de las cuestiones de igualdad de género, donde también habría tendencia mayoritaria, se verá cómo se la considera efectivamente. Y queda como punto conflictivo la posible inclusión de los nuevos derechos fundamentales, como el cuidado del medio ambiente y, muy en particular, el acceso al agua y la vivienda garantidos.
Queda como punto conflictivo la posible inclusión en la Constitución de los nuevos derechos fundamentales, como el cuidado del medio ambiente y, muy en particular, el acceso al agua y la vivienda
Pero ahí no terminan las reivindicaciones populares abiertas a debate y sin consensos ciertos. En la lista aparecen la reforma de las pasividades (hoy solo privadas), el acceso a la educación pública gratuita y a otros servicios sociales, como la salud, entre los nuevos derechos a considerar. Para un legislador es fácil “votar el cielo”, usando una metáfora que ha circulado en Chile, pero el problema es cómo se instrumenta, cómo se le da realismo al deseo. Desde ya los mercados financieros según ya comentamos más arriba, leyeron ahí mismo un mayor gasto fiscal y restricciones a las actividades productivas contaminantes y, en consecuencia, riesgos de déficit fiscal, inflación, menor inversión privada y demás males latinoamericanos, de los que Chile parecía inmune.
Con respecto al consenso, José Antonio Viera-Gallo advierte que debe ser muy amplio si se quiere cumplir con el mandato de redactar y acordar una nueva Constitución, y a la vez que hay un plazo muy corto para el logro de ese objetivo, ya que en julio se llama a plebiscito por la Carta Magna y en noviembre a elecciones generales (presidente y legisladores nacionales). Y siempre recordando los temores de Patricio Navín de dar lugar a un texto incierto y abierto a controversia judicial.
UN FUTURO CON ESPERANZA
Pensando sólo desde el campo de las probabilidades, no podría cerrase un texto constitucional muy específico en las cuestiones controversiales, es decir, aquellas sobre los nuevos derechos que intenten superar lo meramente declarativo, a menos que los “independientes” den una sorpresa superando su distinta extracción ideológica y facilitando entonces los acuerdos con algún otro grupo que les permita conformar la mayoría sustantiva necesaria. Pero esta nueva realidad chilena plena del “desencanto de la política” (tradicional), para usar un término acuñado por el sociólogo argentino Juan José Sebreli -aplicable a todo el continente-, augura la búsqueda de nuevas repuestas y propuestas de gobierno por parte de todo el arco ideológico chileno.
La notable desigualdad que acumula el país entre ricos y pobres a pesar del constante crecimiento económico de los últimos treinta años, sólo interrumpido en 2020 por la pandemia del Covid-19, es un desafío real que hasta hoy no tuvo una respuesta plena. Muchos gobiernos de la “Concertación” de centro-izquierda avanzaron en los derechos sociales, pero no lo suficiente. Las reformas resultaron objetivamente, y a tenor del sentir popular, tímidas o lentas, según se prefiera. Obviamente, los gobiernos de la derecha (Piñera en dos ocasiones) se movieron en la dirección contraria. Bien cierto es que el pasado periodo pinochetista determinó varias limitaciones para el proceso reformista, limitaciones que la nueva Constitución podría remover. Pero ya es tarde para empezar desde cero, muchas instituciones están establecidas y su modificación entraña siempre enormes riesgos; por ejemplo, el régimen privado de pasividades que no da lugar a todos (sectores marginales, desocupados, etc.).
El país debiera hacer movimientos ciertos hacia una mayor equidad social y la reducción del nivel de desigualdad, lo cual redundará en mayores recursos disponibles para la política social
Las elecciones chilenas tienen segunda vuelta y el sistema de ballotage facilita acuerdos frente a una posible atomización del electorado. Del otro lado, es cierto que las experiencias recientes de segunda vuelta en Perú y Ecuador, por ejemplo, con sensible dispersión electoral en la primera, no muestran acuerdos exitosos con los candidatos que van a disputar “la final” por parte de los terceros excluidos, que se han limitado a apoyos condicionados o directamente a la abstención, sin acuerdos programáticos ni de participación en el nuevo gobierno para el caso de triunfar. Pero Chile ha acumulado una experiencia positiva para dar una respuesta madura alrededor de quienes dirimen la segunda vuelta, si es que tales acuerdos no estuvieran establecidos desde un primer momento. Es cierto que aparecen ahora nuevos actores, que llevarían a su vez sus propios candidatos. Este hecho al menos ya se anuncia como muy factible en el caso del Frente Amplio, no así en el grupo independiente “Lista del Pueblo”, que no constituye todavía un partido político.
Es claro que de entrarse en el terreno del conflicto abierto entre distintas facciones como en Perú, de modo que todo es incertidumbre a futuro, la economía se resentirá y aún las mejores políticas, las mejores propuestas, podrán verse frustradas por la falta de credibilidad. Habrá en ese caso tiempos de espera, por aquello de “ver para creer”, y hasta que las aguas decanten. Por eso hay voces que ya llaman al diálogo y los acuerdos. Y es de esperar que sean escuchadas, que las ideas afines se encuentren, las discrepancias se atenúen. El ex presidente Ricardo Lagos ya abogó por establecer la obligatoriedad del voto, hoy voluntario, lo cual podría incluirse en la nueva Constitución. Ese consejo sería una forma de forzar la opinión de aquella mayoría silenciosa que se abstiene de participar, y sin duda es un elemento crítico para fortalecer la búsqueda de consensos. En efecto, el pensamiento faccioso suele suponer que contiene la verdad que mejor responde al interés popular, y para ello la representación de los silenciosos se asume como propia, imposible hacerlo si no existiera tal silencio.
No es fácil aconsejar a quiénes tengan la responsabilidad de llevar a cabo ese diálogo y esos acuerdos. Desde el pensamiento social-demócrata se puede intentar un esbozo genérico, un trazo grueso sin por ello no incurrir en errores, pero lo intentaremos. De modo sintético pareciera que muchas de las reivindicaciones de la izquierda, sea nueva o antigua, que apuntan a la vigencia del estado de bienestar, son valederas. La salud y educación accesibles a todos, sea con prestación pública o privada, y los programas de vivienda populares para tender a eliminar en una generación la existencia de personas “sin techo”, resultan objetivos ineludibles en el mundo moderno. Lo que no es tan simple es pasar del objetivo a su materialización, que exige disponer de recursos y de tiempo. Y la gradualidad de los alcances, siempre por supuesto cuanto antes mejor, es el principio de racionalidad que puede hacerlos realidad algún día. En tanto Chile también debiera hacer movimientos ciertos hacia una mayor equidad social y la reducción del nivel de desigualdad, lo cual redundará en mayores recursos disponibles para la política social y menores desencuentros en la sociedad.
* Mario Alejandro Scholz es analista de Política Internacional
Nota original publicada en El País