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La ley que pide a gritos un cambio

El Gobierno nacional anunció que impulsará en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde julio de 2020. Según reconocen los principales actores de la actividad desde su aplicación la norma tuvo efectos negativos en los precios y en la oferta que según los Corredores inmobiliarios de Mendoza en la provincia es del 40%.

04/12/2021 22:22
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Por Luis Martínez, Redacción Jornada

Para aquellos que no tienen una vivienda, el hecho de alquilar siempre fue un trauma. La búsqueda, los requisitos, el dinero, la mudanza siempre dejaron marcas en los inquilinos. Pro desde la aplicación de la nueva ley de alquileres también los propietarios se sintieron golpeados. Es que en un país con proceso inflacionario en marcha y con normas legales que no ponen límites claros se produce claramente el desfasaje. Inquilinos que no pueden afrontar los aumentos y propietarios que ven caer estrepitosamente el nivel de renta anual (que hoy no supera el 2% del capital invertido) en desmedro del capital que ponen en juego. Por eso optan en lugar de alquilar por la venta del inmueble.

La realidad del sector

En “Juntos de mañana”, el matinal de radio Jornada (FM 91.9) el titular del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, Estanislao Puelles Milán explicó claramente cuál es la realidad que atraviesan.

“Siempre dijimos que iba a traer muchos problemas tanto a locadores y locatarios. La verdad que las consecuencias fuero aun peor de lo que imaginábamos porque a los pocos meses de ponerse en vigencia esta ley la oferta cayó abruptamente a lo que hay que agregar la pandemia, un año con los alquileres congelados por lo que hoy la situación es muy compleja. La oferta de viviendas para alquiler ha caído más de un 40% y esto obviamente repercute en los precios y en las condiciones para acceder a esos alquileres”, puntualizó.

“Como todo mercado cuando se rompe ese equilibrio entre oferta y demanda se produce esta situación y estamos casualmente actualizando el calculador del Banco Central y nos arroja el 51% de actualización anual de acuerdo a este índice que da el Banco. La verdad es que nosotros veníamos actualizando los alquileres allá por el año 2019 entre un 30 y un 35% anual pero en ese momento el inquilino se iba con un contrato firmado sabiendo lo que tenía que pagar el primer año y sabiendo lo que iba a pagar el segundo, es decir, podía proyectar la economía doméstica. Lo que ha hecho esta ley es agregar una incertidumbre enorme a los inquilinos y a los propietarios que muchos han migrado a la venta no les interesa alquilar”, señaló.

Adelantó que “hemos tenido algunas reuniones con diputados de distintos bloques y esperamos de alguna manera que esta situación se empiece a recomponer para poder recuperar parte del stock de viviendas que se ha perdido”, señaló.

Los cambios pedidos

Ante esta situación  todos movieron sus piezas para buscar una solución que le permita al sector recuperar estabilidad. En ese sentido nos dijo “hemos solicitado una modificación básicamente de dos aspectos que son los que definitivamente complicaron y causaron este desequilibrio entre la oferta y la demanda y son volver a los dos años como era antes que va a dar mayor previsibilidad a los propietarios y, volver a un sistema donde las partes se pongan de acuerdo con las actualizaciones. Con eso se podría recomponer porque esta ley también tiene aspectos positivos que hay que mantener por eso decimos no a la derogación total de la ley sino a la modificación de estos dos aspectos que provocaría una vuelta de ese stock”, puntualizó.

“No podemos responder a los pedidos de alquileres porque no tenemos oferta por lo que está aumentando la informalidad. Cuando el inquilino se empieza a quedar sin opciones de viviendas que es lo que está pasando. Al haber tan poca oferta y los inquilinos al tener pocas posibilidades de elección a veces se tienen que atar a condiciones que no son favorables y aparece la informalidad que hoy tenemos. Se empiezan a hacer contratos por menos tiempo, se le busca la vuelta para no quedar atados a esta nueva ley lo que va en desmedro de todos”, afirmó.

“Lo que si esperamos es que no se suspenda esta ley por 180 días como se está diciendo porque eso sí sería un disparate porque nos quedaríamos sin un marco legal y se frenan todos los alquileres que estaban en curso y, además, sería inconstitucional hacerlo por un decreto y se presentaría un caos”, indicó.

Lo dicho señores. En medio de una crisis económica es muy complejo poder alquilar, para propietarios e inquilinos, por lo que los legisladores deberán leer bien cuál es la realidad en la Argentina donde el déficit habitacional es un problema histórico y estructural de la sociedad. Es hora de poner reglas claras para resguardar el interés económico pero también el social de la relación comercial entre uno y otro algo que los legisladores tienen que tener en claro a la hora de votar una ley.

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