POR EMILIO VERA DA SOUZA
Como en casi todos los temas que involucran a varios sectores, instituciones, poderes y jurisprudencia, el gobierno de los Hermanos Milei no consulta a nadie a la hora de intervenir. Tanto que ni siquiera consultan sus ocurrencias con sus propios colegas, camaradas, compinches, cómplices o como quiera que se denominen entre ellos para compartir su pertenencia. Incluso no saben si tienen alguna pertenencia, aunque sí comparten los privilegios de pertenecer, como si fueran usuarios o clientes de una tarjeta de crédito.
No puede saberse si es una distracción o si realmente hay una posibilidad cierta de que el ministro de Defensa esté trabajando para reinstalar el Servicio Militar Obligatorio (SMO), como lo anunció en los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en Mendoza, hace unos pocos días.
En su provincia de origen, entre brindis y agasajos, los bodegueros hacen lobby y esperan que no les suban las retenciones a las exportaciones, que se habían negociado con el gobierno anterior a cambio de inversiones en la industria del vino. De las inversiones no hay constancia, ni informes de cómo las realizaron.
Los Hermanos Milei planean dejar las retenciones a vinos y espumosos en un 8% mientras el gobernador Alfredo Cornejo, aliado incondicional de la ministra de seguridad Patio Bullrich, celebró que “se hayan sacado de agenda las retenciones al vino, que son absurdas por donde se las vea”. Sin decirlo claramente –ya que no puede– sugiere que fue parte de la negociación para que sus diputados voten lo que quiere el jefe de la administración del Estado.
En esas mismas festividades monárquicas coincidieron Luis Petri y su novia auto-percibida periodista independiente, que le elige la indumentaria a modelar, pret a porter, y la Vicepresidenta Victoria Villarruel, que genera permanentemente hechos personales e institucionales para realzar su figura, sus ideas y su proyecto: concentrar la acción dirigiendo el Senado en las reivindicaciones de las acciones de la dictadura cívico-militar y sus responsables, y en sus ataques al peronismo kirchnerista.
En el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en el patio del hotel frente a la Plaza Independencia y, más tarde, durante el agasajo de la gremial empresaria Bodegas de Argentina, en las ruinas de lo que fuera la Bodega Arizu en Godoy Cruz, Luis Petri dijo a los periodistas presentes que estudia la posibilidad de la vuelta del Servicio Militar Obligatorio. El ministro hablo sobre “jerarquizar las fuerzas armadas” y dijo que buscaban “reformular los liceos para volver a los viejos liceos que tanta calidad supieron tener en toda la República Argentina”.
Sus palabras derivaron en múltiples interpretaciones. La Vicepresidenta, presente en los mismos espacios vendimiales, escuchó el planteo y lo rechazó públicamente: “No considero que fuera (sic) viable con el actual presupuesto que tiene la República Argentina en el área de Defensa”, sostuvo de forma tajante la hija de Eduardo Villarruel, quien mientras estaba a cargo de un regimiento durante la Presidencia de Raúl Alfonsín se negó a jurar por la Constitución Nacional, entre otras acciones antidemocráticas. La presidenta del Senado remarcó que la Argentina tiene “el menor presupuesto de Defensa en la región y hace bastante imposible (sic) lograr ese tipo de medidas”, mientras compartía sus ideas con la vicegobernadora de Mendoza, la negacionista y anti-vacunas Hebe Casado, a cargo del Ejecutivo provincial porque Cornejo viajaba en misión oficial a Canadá en busca de inversiones para el sector minero, a pesar de que una ley prohíbe expresamente esas actividades en Mendoza.
Luego de ser desautorizado por Villarruel, el ministro de Defensa firmó un comunicado desmintiendo lo que horas antes había afirmado: “Hoy no están dadas las condiciones, pero es una cuestión que vamos a evaluar con el oficialismo y con la oposición”. No se sabe si al principio habló por pura demagogia dirigiéndose a su pobre electorado, que no lo acompañó como precandidato a gobernador, o para quedar bien con los nostálgicos dinosaurios –como los bautizó el vanguardista Charly García– de las Fuerzas Armadas.
Si bien no se conocen estadísticas ni informes oficiales sobre el SMO a través de los años, organizaciones y grupos interesados en profundizar en el tema calculan que unos 5.000 soldados fallecieron mientras estaban a cargo del Estado. La cifra no incluye los muertos en las Islas Malvinas ni los que posteriormente se suicidaron. El cálculo se realiza teniendo en cuenta los muertos por accidentes de armas, en circunstancias dudosas, los asesinados por personal uniformado dentro de los cuarteles, los que fueron informados como “suicidios”, desertores que nunca fueron encontrados y otros casos sin especificar.
También fueron consultados nuevos cuadros de las tres fuerzas armadas, que hablaron bajo la condición de permanecer en el anonimato para evitar sanciones. Dijeron que una gran proporción de militares no quiere soldados obligatorios. Plantean que son difíciles de tratar, son caros, problemáticos, les cuesta aprender lo que ellos pueden enseñar (disciplina, orden cerrado, manejo de armas, tareas de limpieza, cadetería, desfilar, lavar, cantar y coser).
Dicen los uniformados profesionales que ellos no son docentes ni quieren serlo. No son cuidadores ni quieren asumir la responsabilidad de tener a su cargo personas que no tienen percepción del peligro que conlleva el manejo de armas de guerra. Tampoco quieren cargar con las dificultades que podría traer la incorporación de mujeres, ni están preparados para la catarata de reivindicaciones que les significaría tener en cuenta los asuntos de género. No hay edificios adecuados, ni vestimenta, ni personal, ni experiencia en manejo de tropa femenina. Hacer semejante prueba requeriría mucho tiempo, remodelación de cuarteles y edificios, dormitorios, baños, y deberían adecuar planes de estudios y convenios con instituciones militares de otros países que ya tienen experiencia en Fuerzas Armadas “inclusivas” para ponerse al día.
Victoria Villarruel sostuvo en 2022 que “la defensa nacional es para garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y capacidad de autodeterminación, y proteger la vida y libertad de los ciudadanos. El servicio militar obligatorio tenía ese fin”. Durante la campaña electoral consideró que era “inaplicable” en el actual contexto socioeconómico y agregó: “La función de las fuerzas armadas no es ser un canal de contención de jóvenes sino apuntar a la defensa del país”.
Desde el Ministerio de Defensa, vestido esta vez con saco y corbata, pantalón chupín y zapatos negros en punta, acordonados, Petri firmó el comunicado para intentar aclarar sus dichos originales entre brindis y reinas efímeras. “Nunca se pensó la vuelta del servicio militar obligatorio”, afirmó sin un poco de rubor. O mintió antes, o miente ahora.
Caso Carrasco
Las idas y vueltas sobre este tema tienen lugar a 30 años de la aparición del cuerpo del soldado Omar Carrasco, en una escena montada por integrantes del Grupo de Artillería 161 de Zapala. Carrasco fue abandonado tras una cruel y violenta golpiza que terminó con su vida y que derivó en la condena del subteniente Ignacio Canevaro y de dos soldados cómplices. No se juzgó en cambio a la cadena de mandos que conocía detalles del crimen ni a quienes participaron de los operativos de inteligencia para intentar desviar la investigación sobre las responsabilidades de todos los involucrados que expresamente guardaron silencio, ocultaron, inventaron testimonios y falsificaron pruebas.
A los tres días de su incorporación, Carrasco fue catalogado como desertor. Su cuerpo apareció a 700 metros de la compañía, durante un segundo rastrillaje donde 15 días antes no habían encontrado nada. Tenía signos de haber sido torturado y las pericias determinaron que fue escondido durante varios días en un lugar húmedo y oscuro, antes de ser trasladado al sitio donde lo abandonaron.
El subteniente Canevaro “bailó” al soldado por al menos unos 20 minutos. Luego fue castigado físicamente por no poder continuar con ese esfuerzo físico. Dos años después, Canevaro fue condenado a 15 años de prisión por homicidio simple, en tanto que los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar fueron sentenciados a diez años por el mismo delito. Al sargento Carlos Sánchez le impusieron una pena de tres años por encubrimiento. La Cámara de Casación y la Corte Suprema confirmaron la sentencia ante sucesivas apelaciones.
“La declaración del ex capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle en la causa penal fue determinante porque puso al descubierto el encubrimiento institucional por parte del Ejército, especialmente del área de inteligencia”, recordó el CELS, que lo acompañó en la denuncia ante el Poder Judicial por las represalias que sufrió. “Fue arrestado durante tres meses, se le inició un juicio por irrespetuosidad y finalmente fue expulsado de la fuerza. Las acciones de encubrimiento realizadas por inteligencia del Ejército nunca fueron investigadas en profundidad ni dilucidadas”.
“Las torturas, el asesinato de Omar y su desaparición forzada fueron derivaciones extremas de prácticas institucionalizadas centradas en el abuso y la humillación como método para ‘formar’ y disciplinar a los jóvenes varones a través del servicio militar obligatorio. El escándalo por su muerte llevó al fin de esa institución militar porque dejó en evidencia que era incompatible con la vida democrática”, concluyó el CELS.