La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (UP-FR), aprobó continuar analizando una semana más, el proyecto del Poder Ejecutivo de reforma a la Suprema Corte de Justicia.
Asimismo, aprobó por mayoría solicitar por escrito la opinión de otras instituciones como la Asociación de Magistrados y a ex presidentes del Colegio de Abogados, como así también pedirán un escrito a la Corte, con las propuestas que consideren pertinentes.
Tal resolución fue adoptada luego de las exposiciones de los ministros de la Corte, Omar Palermo y Mario Adaro, y de su presidente, Dalmiro Garay.
“El único problema del proyecto para el que hay una solución real, es la justicia a la carta. Es un problema que hay que solucionar. No queremos el fórum shopping. No quiero que me elijan, no me gusta que me elijan”, dijo Palermo, quien agregó que “tenemos que mirar por arriba de la coyuntura y tengo que decir que estoy de acuerdo con que vote el presidente y que sean sorteados los aspectos contencioso administrativos en un sorteo de los siete jueces. En eso no hay fisuras, estamos todos de acuerdo”.
Con respecto a la especialización, indicó que “es central”, y que la de Mendoza “es fundamentalmente una Corte de Casación, de especialistas. Es decir, una Corte que en las mejores legislaciones del mundo, es una Corte de especialistas, me refiero a Italia, a España, a Alemania, a Francia”.
A su entender, “la pérdida de la especialidad” tendría algunas consecuencias como “la pérdida de calidad, del liderazgo intelectual, con una contradicción respecto del espíritu de las reformas impulsadas”.
También sostuvo que el plenario “no tendrá la palabra del especialista”, y que “el plenario como corrección a una deficiencia del sistema supone una decisión vertical, eso no me gusta.
El Poder Judicial es por definición un Poder horizontal”. El magistrado, expresó por otra parte que en cuanto al gobierno de la Corte, “el actual es un sistema plural porque todos lo ejercemos al menos un año, es democrático”. En síntesis, indicó que “estamos de acuerdo en que hay que reformar la Corte pero de manera moderna y plural” y resaltó la necesidad “de volver al diálogo” y “al respeto de nuestras tradiciones históricas”.
A su turno, Mario Adaro manifestó que el “que estemos hoy acá, es el reconocimiento del fracaso del consenso que tendríamos que haber logrado los que somos parte de una institución como la Corte. Jueces y juezas que somos parte de la Corte no logramos construir un proyecto de consenso”, a lo que agregó que “hay modelos nuevos de participación. Cada vez más se está yendo a los co-gobiernos”.
Señaló en la misma línea que el 75% de las causas ingresan a la Sala 2, y que de ese porcentaje el 40% son causas laborales, “porque somos segunda instancia. El volumen de causas laboraleses enorme, uno de cada cuatro mendocinos tiene una causa laboral. Tenemos una justicia laboral desbordada donde nuestra Corte funciona como Casación”.
En tal sentido, propuso “probar el sorteo en causas originarias a donde somos el primer tribunal y tenemos que producir toda la prueba, pero en las que son recursos, ya tuvo una instancia primera, tuvo una cámara” y, a la vez, “evaluar la creación de salas laborales, penal y civil”.
Seguidamente, fue el turno del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, quien expresó que el concepto de especialidad “se puede entender desde lo teórico, normativo y lo práctico. Nuestra Constitución no exige especialidad, dice que podrá convertirse en salas y en el capítulo de los miembros de la corte, tampoco la exige”.
En esa línea, indicó que no es sinónimo de seguridad jurídica y que “la seguridad jurídica se construye. Debe cristalizar jurisprudencia. El especialista se siente tan cómodo en las sentencias que ya viene dando y eso impide la evolución. No comparto la idea de especialidad”.
Garay, subrayó que “en lo práctico, no existe especialidad en las salas. Esto se agrava con que tampoco puede decirse que cada sala esté integrada por especialistas en la materia. Más de 400 causas laborales las resuelve un laboralista y dos penalistas”, y puntualizó: “En los hechos no funciona la especialidad, no hay una Corte de especialistas para impartir justicia, hay jueces especialistas, pero no una Corte especialista”.
Asimismo, detalló que en el actual sistema, el primer problema es que “en lo contencioso administrativo hay un sistema de elección de salas”, y “esa variación es no deseada y hay que corregirla. La selección del juez y la sobrecarga de trabajo” que se produce en una de las salas por sobre la otra. Precisamente sobre este último punto, dijo que “si tengo más causas, me cuesta más resolverlas y quizá haya menor calidad de sentencias”.
El titular de la Corte, sostuvo que “sin dudas, la exigencia constitucional es el justiciable porque hoy no tiene una justicia de calidad como se merece” y que “claramente este sistema hoy ha fracasado”. Es por ello, que consideró que la solución es “generar un colegio de jueces, incorporar al presidente, y el sorteo de todas las causas” para que haya un “balance”.
Como segundo punto, mencionó en torno a los plenarios, que “la Ley no innova mucho en la manera en que se convoca. Tal vez divide el pleno y el plenario”, y, en relación a las mayorías automáticas, dijo que “desde 2016 hasta acá, de 13 mil causas, se han llamado 34 expedientes a pleno, que en realidad son 13 temas”, y que la resolución de esos plenos, sólo dos fueron 4-3. A su vez, dijo que desde asumió la presidencia de la Corte, sólo una vez convocó a plenario. “No puede afirmarse que se gobierna con mayorías automáticas. No hay que temerle al pleno. Es un sistema razonable”.
Hay que “respetar la investidura de la Corte”, afirmó y “si nosotros no nos pusimos de acuerdo, hay que buscar otras instancias. Este poder no está cooptado por otro poder”, finalizó.