Esta semana el Gobierno provincial buscó empezar a resolver una severa crisis que afecta desde hace tiempo al sistema público como al privado de la salud en Mendoza: la rebelión de los anestesistas. Con un rápido movimiento, en un puñado de días presentó un proyecto, acordó con la oposición y logró sancionar una ley que declara la emergencia por 120 días (prorrogable por el mismo tiempo) en ese ámbito. Y con ello, fortalecer el rol del Estado, pero fundamentalmente, asegurar la prestación de un servicio crítico indispensable para la realización de cirugías en los hospitales.
El conflicto venía in crescendo desde hace semanas ante los reclamos de quienes no sólo pedían una mejora en sus honorarios profesionales, sino también la modificación del sistema de asignación de las prestaciones con la intervención de la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA), lo que para el Gobierno no sólo fue un intento de cartelización de las prácticas sino también, lisa y llanamente, una tercerización.
Frente a esta avanzada corporativa, y tras diversos intentos de acordar un nuevo esquema que satisfaciera a las partes, Rodolfo Suarez tomó una decisión tan audaz como contundente. Limitar el accionar de la protesta (que incluyó también renuncias masivas que no hicieron más que complicar al sistema), mediante el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que declarara la emergencia del sector para detener la sangría de especialistas. Y con ello, además, abrir por ley una mesa de diálogo pero bajo otras condiciones.
El objetivo era dar una señal fuerte de la política poniendo en caja esta demanda corporativa que no midió las consecuencias de sus reclamos, ni el perjuicio que ello ya estaba causando tanto en el sistema de salud como en los miles de mendocinos a quienes en estos días se les canceló su intervención quirúrgica o se le postergaron operaciones diversas, de mayor o menor complejidad. Una cifra calculada en 5 mil casos.
Para ello, el Ejecutivo necesitaba acordar con el peronismo para que acompañara la decisión, pero también para que el mensaje fuera tan claro como terminó siendo: no se trata del capricho o el empecinamiento de un gobierno, sino que es todo el arco político representado en la Legislatura el que pone un freno a la situación. Y así sucedió.
Tras algunas modificaciones, el proyecto oficial recibió en un día, la convocatoria a sesión especial para el tratamiento sobre tablas con votaciones casi unánimes tanto en Diputados como en Senadores para, con la misma celeridad, convertirse en ley. Y tras el feriado del miércoles quedar ya promulgada.
Así, y saltando la tan habitual grieta, radicales y peronistas pudieron firmar un proyecto que a todas luces demandaba un tratamiento preferencial, pero también una respuesta rápida, capaz de poner límites a un accionar que por momentos apareció como extorsivo por parte de los médicos anestesistas.
Una clara demostración que cuando los asuntos son en verdad trascendentes y requieren urgencia, la maltrecha política todavía es capaz de acordar en favor del bien común, priorizando el interés general y no los numerosos intereses particulares a los que el Estado debe atender pero no por ello absorber. En este caso, garantizar -nada más ni nada menos- que el derecho a la salud.
Lo que sucedió fue una fuerte dosis de política sin anestesia, a la que nos habíamos desacostumbrados frente a tanta chicana intrascendente, pero cuando hay decisión y se demuestra su relevancia, oficialismo y oposición son capaces de coincidir tanto en el diagnóstico como en la prescripción. Una vieja receta democrática para combatir los desbordes y abusos de quienes no terminan de entender el valor del Estado.