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La bomba inflacionaria que Suarez deberá desactivar

El Gobernador se enfrenta al riesgoso intento de desactivar aquí una bomba inflacionaria de la cual no tiene responsabilidad pero que aún así le podría explotar en sus narices

22/07/2022 10:46

 

La sostenida debacle inflacionaria y las vertiginosas trepadas del dólar en las últimas semanas, alimentadas por un clima de inestabilidad política y las señales de desconcierto que emanan del gobierno de Alberto Fernández, han trastocado todas las variables de la economía. Pero principalmente los precios, y con ello, su capacidad para pulverizar salarios.

Aquí en Mendoza y desde hace meses todas las alarmas están encendidas tanto en el Ejecutivo provincial como en los reclamos de los gremios estatales que pugnan para que los sueldos de sus representados no pierdan la desigual carrera contra la inflación.

Es que de nada sirvió el acuerdo alcanzado con todos los sindicatos a principios de año que contemplaba un 40% de aumento anual escalonado, más una suma fija de 7.200 pesos mensuales y revisión en setiembre. La realidad lo terminó de hacer añicos cuando la semana pasada se anunció el índice de inflación de junio que alcanzó el 5,3% con un acumulado para el primer semestre del 36,2%, que pone a tiro de ese 40% previsto para todo 2022 cuando aún resta transitar la mitad del año.

Con esa soga al cuello y la insistente prédica gremial, Rodolfo Suárez optó por anunciar la reapertura de la discusión paritaria a fin de calmar las aguas, pero también de reconocer el devastador impacto inflacionario en los bolsillos de los estatales.

Así, esta semana se retomó el debate con resultados poco alentadores para el Gobierno. La nueva propuesta adelantó el pago de una cuota en julio que originalmente no estaba prevista, pero también sumó 7% más a la cuota de agosto con lo que la suba de ese mes será del 12%. De allí en más, el cronograma de aumentos será el original: es decir, 15% más repartido en setiembre, octubre y noviembre. Y casi sobre el cierre del año, volver a estudiar la situación.

Sin embargo, el primero en rechazar esa propuesta fue el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) que además ratificó el paro anunciado para el 26 y 27 de julio, tras el reinicio de clases luego de las vacaciones de invierno. Pero también lo hizo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros) que también rechazó la propuesta del gobierno. Y es muy probable que el resto de los gremios tomen el mismo camino.

Es que también por estos días se conoció que el incremento de la canasta básica total registró el mes pasado una suba del 4,6% lo que significa que para no ser considerada pobre, una familia de cuatro personas debe reunir más de 100 mil pesos mensuales de ingresos familiares. Una cifra que no todos los hogares registran. Y lo que es peor, que si la Nación no pone freno a la sangría producida por el dólar, los cálculos de inflación futura son cada vez más pesimistas, acercándose peligrosamente al 100% anual. Una locura.

Deberá ahora la Provincia moverse con pie de plomo y precisión quirúrgica para destrabar un escenario tan incierto como complejo en el que la conflictividad social, producto de la protesta por la pérdida de poder adquisitivo está a la vuelta de la esquina. Y con ello, mayor inestabilidad que no es exclusiva de Mendoza, pero de cuyas consecuencias y repercusiones tal vez no pueda escapar.

Tras la paradoja de aquella paritaria resuelta en marzo, Suárez ahora se enfrenta al riesgoso intento de desactivar aquí una bomba inflacionaria de la cual no tiene responsabilidad pero que aún así le podría explotar en sus narices. No se trata de una paritaria tradicional. Es, justamente, en un contexto de severa crisis económica, pero también política por la debilidad de un gobierno nacional errático como el de Fernández y su vice Cristina Kirchner, una paritaria local con otros amargos.