Como una especie de sorda y sostenida guerra sobre cómo administrar la pandemia, esta semana se produjo un nuevo episodio entre la Nación y la Provincia, cuando Mendoza comunicó finalmente su decisión de hacer optativo el uso del barbijo.
El decreto 680/22 publicado en el Boletín Oficial supone además, otra instancia de diferenciación pública entre Rodolfo Suárez y Alberto Fernández, que se suma a la del manejo general del régimen de las restricciones y aperturas, la habilitación de las escuelas, pero también, a la flexibilización de la utilización de las mascarillas en las aulas.
En definitiva, Mendoza no hecho más que ir regulando sus disposiciones tomando en cada caso la situación epidemiológica del momento (lo que incluso llevó a cierres temporales de circulación, por ejemplo, cuando esto fue necesario); pero también a la aplicación del sentido común para no aferrarse al todo o nada que ha marcado algunas polémicas decisiones nacionales.
Ello no implica que de modificarse el panorama sanitario esta medida deba reconsiderarse, pero por lo pronto actúa como una decisión que acompaña también el uso menos estricto que la ciudadanía venía realizando del tapaboca, en consonancia con el descenso de casos y el incremento de la vacunación.
Este uso voluntario va en línea también con una idea más profunda que ha sustentado, en general, la regulación de las libertades en Mendoza. Y es la apelación a la responsabilidad individual y al cuidado propio en los que por más prédica o norma que imponga un gobierno siempre será una atribución personalísima, en la que cada quien puede elegir de qué manera protegerse mejor. Como de hecho lo hace cada uno de nosotros ante muchísimas otras amenazas naturales o sociales a las que todos estamos expuestos y para las que no necesitamos una ley o un decreto para saber cómo proceder.
Por lo pronto, el barbijo seguirá siendo obligatorio en los hospitales y centros de salud, donde el virus puede circular con mayor intensidad, pero también se recomienda su mantenimiento para adultos mayores y personas con factores de riesgo. Y quien considere que lo necesita también podrá usarlo sin que el Estado se lo exija. Lo que habla a las claras de la racionalidad de la medida y de su focalizada aplicación.
Así, Mendoza se convirtió en la primera provincia del país que empieza a eliminar el uso del barbijo, lo que en todo caso, y más allá de la evaluación sanitaria, era el efecto político que buscaba la administración de Suárez que en estos años de pandemia se ha mostrado liderando todas las acciones para acercarse a lo que alguna vez fue aquella normalidad prepandemia que seguramente será muy difícil de recuperar en su totalidad.
“Las normas determinan conductas y a veces, las conductas determinan normas” argumentó desde el debate jurídico el gobernador para justificar su decisión, previa aclaración que era esta una vieja discusión doctrinaria aplicable en este caso. Sin embargo, el impacto ya había sido conseguido, y con él, la confirmación que la pandemia supone también distintos modelos de gestión pública con los que se puede disciplinar o convivir. Algo que todos hemos comprobado.
En todo caso, y más allá de las razones, este juego de las máscaras no es más que otro territorio de disputa política en el que oficialismo y oposición han buscado sacar ventaja, o al menos diferenciar el modo en el que los gobernantes se relacionan con sus gobernados. Y en donde ni siquiera un virus, y sus trágicas consecuencias, quedan a salvo.
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