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El fiscal le aceptó la oferta a Alberto Fernández por el cumpleaños en Olivos

Ahora sólo resta la homologación del juez Lino Mirabelli para poner fin a la causa.

Redacción
16/05/2022 11:43


El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez dictaminó a favor de conceder la “conciliación” al presidente, Alberto Fernández, y a la primera dama, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el Covid-19 al celebrar un cumpleaños en la Quinta de Olivos.

Alberto Fernández ofreció una reparación de 1,6 millones de pesos y su mujer, de 1,4 millones, para cerrar la investigación mediante uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos judiciales.

El fiscal Dominguez propuso además que se destine el dinero a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán. “No es para que el Malbrán compre un respirador o solvente una internación, puede aplicarlo a sus tareas”, explicó una fuente judicial.

A partir de ese momento, el presidente tendrá un plazo de diez días hábiles para depositar ese dinero en una cuenta bancaria, tal como se comprometió en la presentación que hizo la semana pasada. Alberto Fernández evalúa pedir un crédito porque no tendría ese dinero en efectivo. Otra opción sería vender algún bien a su nombre, pero eso llevaría mucho más tiempo.

La donación en realidad es una reparación económica prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. De esa manera, se evita la indagatoria por violar las restricciones a la circulación que él mismo había firmado.

En las últimas semanas, varios de los abogados que figuran en la causa desfilaron por la Fiscalía para intentar llegar a un acuerdo. En representación del Presidente, fueron los dos abogados designados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso. La cifra fue bajando hasta llegar a $1,6 millón, muy por encima del primer ofrecimiento que había hecho el Presidente en agosto del año pasado, cuando propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán.

Como el Código Penal no prevé ningún parámetro, se tuvo como referencia un informe del Ministerio de Salud de la Nación sobre el costo de los respiradores contra el COVID-19. “La cifra variaba entre 6 mil y 11 mil dólares”, explicó una fuente judicial.