Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue muy duro criticando al Tribunal Oral Federal 2 que juzga a la funcionaria por asociación ilícita y dijo que “entró en el libro Guinness” al haber sido acusada por ese delito en cinco procesos judiciales distintos.
Beraldi comenzó su alegato señalando que la causa en contra de la Vicepresidenta se activó con la llegada al Gobierno de Mauricio Macri, y que su Director Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, se presentó en esa dependencia con sede en Santa Cruz con “un patrullero” para realizar una auditoría.
El abogado dijo que el padre de uno de los fiscales del caso, Ignacio Mahiques, fue funcionario de la entonces gobernadora bonaerense del PRO María Eugenia Vidal. También criticó al juez de primera instancia y hasta cómo llegó el expediente al Tribunal que ahora hace el juicio: “se apuraron para hacer el sorteo” de la causa.
El abogado lamentó que en el juicio, a contramano de lo que marca la ley, "hay que demostrar la inocencia" pero, así y todo, aceptó el desafío y arremetió contra la acusación fiscal.
Beraldi atacó el argumento de los fiscales que indica que el Gobierno 2003–2015 recurría a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para reasignar fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para poder así "saquear" los fondos del Estado para favorecer a la supuesta asociación ilícita.
Así, el defensor de Cristina Kirchner exhibió documentación sobre todas las reparticiones que recibieron reasignaciones de partidas presupuestarias a través de DNU desde 1994 hasta la fecha, entre las cuales aparecen el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
"Si ustedes creen que estos son actos delictivos vayan pensando en devolver el dinero", ironizó Beraldi.
La defensa también desmintió que se hubieran creado fideicomisos para la obra pública para evitar así el control por parte del Congreso.
Beraldi exhibió declaraciones de testigos del área de Presupuesto y de la Jefatura de Gabinete que desfilaron a lo largo del juicio que explicaron que sí había control del Congreso.
Al mismo tiempo, contestó a la afirmación de la fiscalía que sostiene que todo acto político de Gobierno puede ser sometido al escrutinio de los jueces y, en este caso, observó una "desmesurada" asignación de partidas para la obra pública vial en Santa Cruz.
Beraldi explicó los alcances de la soberanía política surgida del voto popular y recomendó que, si se está en desacuerdo con las decisiones políticas de un Gobierno, se exprese esa disconformidad en las elecciones.
Pero, en cuanto a las decisiones adoptadas por un Gobierno elegido para ello, resaltó que no hay ninguna norma que regule o prohíba la asignación de fondos para la obra pública para tal o cual provincia.
Beraldi eligió ir punto por punto con las acusaciones de la fiscalía y la contrapuso con prueba documental (buena parte de ella, la misma que habían exhibido Diego Luciani y Sergio Mola), testimonios que se registraron a lo largo de los tres años de juicio e incluso segmentos de la exposición de los propios fiscales.
Con su tono medido, cortés y respetuoso, Beraldi habló de "errores", "equivocaciones" pero también se preguntó en alusión a los fiscales: "¿Cómo se puede mentir de esta manera?".
También Cristina Kirchner apareció en los videos, especialmente para recordar que el Congreso –al que los fiscales sostienen que presionaba como parte del supuesto plan delictivo- le había rechazado la Resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones de soja.
Además para señalar que el responsable de la administración financiera y la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete, pero ninguno de los cinco que se desempeñaron en sus gobiernos fue siquiera imputado en este juicio.
En reiteradas oportunidades, Beraldi se quejó porque los fiscales adjudicaron responsabilidad al ex presidente Néstor Kirchner en la estructura que denuncian como "asociación ilícita" dentro del Gobierno.
El abogado defendió la gestión de Kirchner, negó que hubiera existido delito alguno y remarcó: "No se puede imputar a un muerto".
Beraldi dedicó la primera parte de su alegato –que comenzó a las 8.04- a describir el trayecto de una causa que tuvo su primera denuncia en 2008, otra en 2013 y una tercera en 2016, siempre en relación con los mismos hechos.
Tras recordar que 49 de los 51 hechos ya fueron juzgados y exculpados, Beraldi describió una supuesta maniobra orquestada desde el Gobierno que asumió en diciembre de 2015 y sectores vinculados con la prensa y el poder para demonizar a la vicepresidenta.
Sobre el mediodía el alegato pasó a un cuarto intermedio y tras él se extenderá en esta primera jornada hasta las 15.
La fiscalía pidió para la vicepresidenta la pena de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación en perjuicio del Estado, y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Hasta ahora refutaron la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola las defensas del ex titular de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Garro (a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías); la de los ex titulares del Distrito 23 de Vialidad Nacional – Santa Cruz Osvaldo Daruich (a cargo de Mario Ganora) y Mauricio Collareda (por Luis Alonso Martínez); la de Julio De Vido (a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro) y la del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala (a cargo de Lucio Simonetti).
Todos apuntaron a los supuestos errores y contradicciones en que incurrieron los fiscales y pidieron la absolución de sus defendidos por inexistencia de delito.
Todavía está pendiente una recusación que efectuó la defensa de De Vido contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien durante el alegato de la defensa interrumpió al abogado Maximiliano Rusconi para responderle una alusión que había hecho sobre los partidos de fútbol que el magistrado disputaba en la quinta privada del ex presidente Mauricio Macri.
La defensa de De Vido pidió que la recusación sea resuelta por otros jueces, diferentes a los compañeros de tribunal de Giménez Uriburu.