Este jueves el titular del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, Alfredo Cornejo (UCR), junto al auditor general de la Nación y ex senador nacional, Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio), anunció que presentarán una denuncia contra el titular del INAI, Alejandro Marmoni, por la entrega de más de 25 mil hectáreas a comunidades auto percibidas como mapuches en el sur provincial.
A los funcionarios también los acompaña la ex diputada provincial Hebe Casado (PRO). Dicha presentación tendrá lugar el viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py.
Allí se acusa a Marmoni de “traición a la patria, abuso de poder, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por ser el responsable de las resoluciones 36/2023, 42/2023 y 47/2023 emitidas por el organismo a su cargo, y por las cuales se otorgan derechos sobre tierras pertenecientes al territorio nacional ubicadas en la Provincia de Mendoza, a favor de supuestas comunidades Mapuches”.
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Para Cornejo, Pichetto y Casado, Marmoni incurrió en traición a la patria porque “convalidó un proceso de entrega de territorio nacional, en menoscabo de la soberanía e integridad territorial de la República Argentina”.
Además consideran que el titular del INAI “utilizó los medios y los mecanismos del propio Estado para garantizar las aspiraciones de un grupo que exige separarse del Estado al que esencialmente sirve“.
Por otro lado, sostuvieron que Marmoni cometió abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que si bien el organismo nacional está facultado para efectuar un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas originarias, “nada establece respecto a que sea quién efectúe el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria“.
Cabe recordar que tras conocerse la noticia, y ante la controversia generada, el gobernador Rodolfo Suarez presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte con el respaldo de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado para frenar las resoluciones del INAI.