La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Jonathan Morel y otros tres miembros de la agrupación Revolución Federal, pero cambió la calificación penal del delito que les achaca por una menor: pasaron de estar procesados por agruparse para "intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor" a estarlo por "incitación a la violencia colectiva".
Se trata de una causa que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los querellantes, en la cual se investiga la violencia de los actos y las consignas desplegadas por Revolución Federal en la vía pública y a través de redes sociales, donde llegaron a proponer "al kirchnerismo cárcel o bala".
El Tribunal de Apelaciones confirmó "parcialmente", por mayoría, los procesamientos dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile y modificó la calificación legal a "coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva", según el fallo.
Martínez De Giorgi los había procesado por estar vinculados a "un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación".
Por medio de estos mecanismos "realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas en contra de las actuales autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y sus simpatizantes", entendió el juez del caso.
Cuando los procesó, el juez sostuvo que, a través de su accionar violento, los miembros de Revolución Federal se constituyeron como "uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Cámara Federal, sin embargo, se distanció de esa lectura: "La prueba producida en autos no permite tener por corroborado la generación de efecto alguno derivado de la conducta reprochada a los imputados, descartándose toda aseveración que al respecto se ha efectuado en el auto de mérito apelado", escribieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en el voto de mayoría.
"Revolución Federal no parecería poseer en principio, a partir del análisis efectuado por el magistrado de grado en su resolución, la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías", sostuvieron los jueces al cambiar la figura penal.
"Sí entendemos que las manifestaciones y conductas llevadas adelante por los encartados reúnen la entidad necesaria para ser provisoriamente consideradas como un estímulo a la violencia contra un grupo de personas", concluyeron.
Por su parte, el juez Mariano Llorens, votó en disidencia y propuso directamente revocar los procesamientos de los cuatros imputados y sostuvo que sus expresiones quedaban bajo el amparo de la libertad de expresión: "Debo decir que no encuentro debidamente probado que la paz social y la tranquilidad pública se hayan visto alteradas por la actuación de este grupo de personas, es decir, que la repercusión de los hechos haya afectado en forma negativa el espíritu de la población, produciendo alarma y temor", escribió.
No es la primera vez que la Cámara Federal porteña debe resolver cuestiones vinculadas al caso Revolución Federal: antes se había expresado en favor de que la causa tramite por separado de aquella en la que se investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta y también fue el tribunal que revocó las prisiones preventivas de Morel, Sosa, Guerra y Basile.
En esta causa, por otra parte, en diciembre pasado la querella de la vicepresidenta reclamó que vuelvan a ser detenidos los referentes de Revolución Federal, tras considerar que en la causa que investiga el accionar violento de esa agrupación fue hallada evidencia de que "planeaban juntar dinero para contratar un sicario", situación que podría estar relacionada con el intento de magnicidio del cual fue víctima.
"De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso", agregó la expresidenta en una serie de mensajes publicados a fin del año pasad en su cuenta de Twitter a los que además adjuntó la presentación realizada por sus abogados en base a informes elaborados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En aquella presentación, la querella recordó el 25 de agosto pasado, Jonathan Morel expuso en Twitter Spaces una forma ´posible de atentar contra Fernández de Kirchner, análoga a la que emplearía Fernando Sabag Montiel siete días después: la de infiltrarse entre los militantes que acudían todos los días a la casa de la vicepresidenta a expresarle su cariño y apoyo.
Esas son, además, las líneas de investigación en las que trabaja por estas horas el fiscal Gerardo Pollicita: los movimientos de dinero en derredor de los acusados y los posibles vínculos con el atentado fallido contra la vicepresidenta.
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La fiscalía ya trabaja en el análisis de la economía de Revolución Federal y sus integrantes: uno de los focos está puesto en el vínculo económico entre Morel y Caputo Hermanos, de los hermanos de Luis Caputo, exministro del gobierno de Mauricio Macri.
Al presentarse en la causa, la empresa perteneciente a los familiares de "Toto" Caputo sostuvo que el dinero transferido a Morel y su entorno correspondía a pagos por servicios de carpintería facturados por esos dos fideicomisos y rechazó cualquier vinculación con lo que se investiga en la causa.
La fiscalía de Pollicita, además, impulsó un peritaje tendiente a determinar si en la información extraída de los teléfonos celulares de los miembros de Revolución Federal surge alguna información o contacto con el intento de asesinato de la vicepresidenta o con las personas procesadas por ese caso.
Ese fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal, que además buscará el mismo de tipo de conexiones en los teléfonos de los investigados en la causa por el intento de magnicidio, informaron fuentes judiciales.