El plebiscito efectuado el 17 de diciembre último sobre la propuesta de un nuevo texto para la Constitución de Chile arrojó un claro resultado de rechazo a la misma, opción ésta que cosechó el 56% de las voluntades. No habrá nuevos intentos de reforma, al menos durante lo que resta del mandato del Presidente Gabriel Boric Font, es decir hasta marzo de 2026.
La reforma de la antigua constitución vigente, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, excepto por algunas leves reformas aprobadas ya durante el período democrático iniciado en 1990, constituye una demanda generalizada de la población chilena y fue uno de los temas centrales en los reclamos de la pueblada desatada a fines de 2019, durante la Presidencia del conservador Sebastián Piñera. En aquel momento se manifestó el descontento popular de manera disruptiva, reuniendo la expresión de varios fenómenos que comprendían desde la insatisfacción con los aumentos de las tarifas de servicios públicos, las limitaciones al acceso a bienes básicos como salud y educación para los sectores populares, hasta el clásico “malestar” con la política, adoptando un término acuñado por el sociólogo argentino Juan José Sebreli.
Piñera acosado por violentas manifestaciones en todas las grandes ciudades, que hacían temer por la estabilidad, encontró en la promesa de una reforma constitucional una fórmula para aplacar los reclamos, a manera de una huida hacia adelante, por cuanto iba de suyo que con el reclamo de reforma se pretendía acabar con algunos privilegios vigentes desde los tiempos de la dictadura pinochetista. Luego la pandemia de 2020 aportó también lo suyo para aplacar los ánimos con la obligada restricción a la circulación y las aguas desbordadas volvieron a su curso normal. Pero luego de la resaca de los desbordes quedó configurado un nuevo liderazgo que se volcó hacia sectores hasta entonces extrapartidarios, que no encontraban canalización de sus ideas y aspiraciones en los partidos tradicionales.
Así surgió la figura de Gabriel Boric como un líder de izquierda, moderado y a la vez garante de la vigencia del estado de derecho en Chile. Bien pronto tuvieron lugar sendas elecciones, ya en 2022, de representantes a la Convención Constituyente, según lo prometido por Piñera y a Presidente de Chile al vencer su mandato. Y como era de esperar Boric alcanzó la presidencia, mientras que tomó el control de la Convención la algo inconexa asociación de libres pensadores agrupados en la denominada “Lista del Pueblo”.
Este primer intento que tuvo inicio en abril de 2021 terminó en un notorio fracaso, tal cual hemos comentado en su momento, puesto que la propuesta de nuevo texto plebiscitada en el segundo semestre del 2022 obtuvo un rechazo del 62%.
Por entonces eso resultó lo esperado porque el control de la convención asumido por sectores de izquierda no solo dio lugar a propuestas maximalistas, tales como el reconocimiento de naciones originarias y una justicia paralela para las mismas, o bien totalmente utópicas a pesar de su inspiración social, caso del derecho a la vivienda, al agua, en fin a un conjunto de beneficios del estado de bienestar que no se alcanzan solo con el deseo sino con la disposición de los medios económicos para esos fines.
En el medio quedaron algunas propuestas que podían tener mayor consenso, por caso el paso de un sistema unitario en materia de recaudación y disposición de los recursos a uno federal, en el que ganaban autonomía las regiones chilenas o el reconocimiento de los nuevos derechos, como la igualdad de género, por ejemplo.
No hubo en aquella convención un razonable esfuerzo de consensuar propuestas, de acercar posiciones, de limar extremos, una manera de lograr una alternativa que no dejara por completo satisfechos a todos pero que en la visión general significase un avance, tanto en la eliminación de antiguos privilegios como en la incorporación de aquellos nuevos derechos, la descentralización administrativa entre otros logros. Contar con el número de votos en la convención nunca garantizaba el resultado del plebiscito obligatorio para darle vida al proyecto.
El texto constitucional propuesto por esa primera convención fue percibido como un auténtico “pastiche” de ideas sueltas y excesos que lo hacían aparecer más como un programa de gobierno de izquierda que como una carta magna que establece los derechos y obligaciones básicas del pueblo de una nación para posibilitar la convivencia, la libertad y la búsqueda del progreso.
La derecha en su conjunto militó el rechazó y ganó la opinión pública, que veía con insatisfacción como se frustraba su voluntad de una mejor constitución por causa de un extremismo izquierdista y voluntarista.
BORIC REACCIONÓ SIN ESCUCHAR CON UNA SEGUNDA COVNOCATORIA
Por cuanto el oficialismo chileno liderado por Boric apoyaba la primera propuesta de reforma constitucional a pesar de sus defectos más notorios, a manera de un avance para desprenderse del viejo texto pinochetista, el rechazo mayoritario se interpretó como una amenaza a su gobierno y más específicamente a su programa, que incluye varias reformas en materia financiera, impositiva y previsional, entre otras.
Por ello desoyendo a quiénes le pedían templanza y la esperar de que decante el sin sabor del rechazo, llamó de inmediato a una segunda convención, elección de representantes mediante, como manera de limitar sus compromiso a la facilitación de la reforma sin perjuicio de que no refleje las ideas que su sector había defendido, que vale la pena recordar, no estaban en las posiciones más extremas del voluntarismo social que expresaba aquél texto.
Como elemento moderador, Boric confío en la confección previa de un texto consensuado por un grupo de notables convocado ad hoc y que representaba de un modo u otro las distintas tendencias enfrentadas en la primera convención que no habían podido llegar a un acuerdo satisfactorio.
Así, sobre la base de ese texto consensuado, los nuevos representantes de la segunda convención constituyente podrían introducir cambios y reformas. Ahora bien, este segundo llamado a elecciones significó un abierto triunfo de la derecha y dentro de ella, más aún del sector extremista liderado por el Dr. José Antonio Kast.
Kast como líder emergente y perdedor en el ballotage de las elecciones presidenciales que consagraron a Boric, parecía que con el apoyo obtenido en esta nueva votación de representantes, iría configurando un liderazgo nacional como paso previo a su nueva candidatura presidencial en 2026 con grandes posibilidades de éxito. De algún modo, el desencanto con la política que se había volcado a un nuevo líder izquierdista, Gabriel Boric, tornaba hacia otro sector emergente de signo contrario. El denominador común curiosamente parece ser el mismo, la “antipolítica”, o si se quiere el fastidio con los partidos políticos tradicionales, pero la búsqueda de una salida por los votantes resulta absolutamente lábil.
El desafío para Kast resultaba tomar la bandera que ya Boric no asumía, la de una reforma constitucional exitosa, alcanzando una redacción efectivamente consensuada y para ello acordando temas críticos como es la descentralización antes citada y eventualmente, postergando otros asuntos sobre los que las posiciones fueran por el momento irreconciliables, cediendo además mutuas posiciones en temas de menor envergadura. Si lo lograba su liderazgo podía ratificarse en la prueba plebiscitaria.
Pero la ultraderecha se sintió en condición de imponer todos sus objetivos, en particular algunos excesos de interpretación de la “seguridad jurídica”, pretendiendo que los compromisos y exenciones fiscales vigentes permanezcan sine die. La nueva propuesta fue calificada peyorativamente de “Kastitución” y hasta los sectores moderados de derecha bajo el liderazgo de Evelyn Matthei alcaldesa de la comuna de Providencia, que es parte de la capital Santiago, prefirieron abrirse de este proyecto a sabiendas de que tampoco podría pasar por el tamiz plebiscitario. Y como vimos así fue.
Y de esta manera, mientras el primer plebiscito fue interpretado como un descontento, sino rechazo a la gestión Boric cuando recién se iniciaba, esta segunda negativa debería ser vista como un fracaso de Kast. La primera propuesta constitucional se frustró por demasiado izquierdista, la segunda por ultraderechista.
UN FUTURO INCIERTO
Sería un avance para la política chilena la posibilidad de que nuevamente y sin perjuicio del debate ideológico se asuman posiciones más moderadas, que el futuro fuera sumido por sectores de centro izquierda o centro derecha sobre bases comunes de largo plazo, pero tampoco es claro que el descontento con la política, aquel “malestar” de Sebreli, no persista y que el país ingrese así en una zona de gran incertidumbre.
Por un lado, parecería este resultado muy extraño luego de décadas de progreso constante con continuado crecimiento económico, mejora de la productividad, ampliación de las relaciones comerciales con el mundo y muy en particular con el sector “Asia-Pacífico” donde operan las dos grandes potencias del mundo -China y los Estados Unidos- amén de otras economías poderosas como Japón, Australia y los innumerables “tigres asiáticos”.
Pero el “derrame” fue muy escaso, la elevada concentración del ingreso en escasos segmentos de la población posibilitó que creciera el descontento popular, máxime cuando el estado de bienestar chileno es todavía hoy muy mezquino, con alcance limitado en el acceso universal a servicios básicos como salud y educación, sin olvidar otros problemas comunes a los países de la región en virtud de su todavía incompleto proceso de desarrollo, caso del acceso a la vivienda por solo citar un ejemplo.
Otras cuestiones críticas como la descentralización no pareciera que puedan padecer sin costos mayores su postergación puesto que el gobierno unitario en un país moderno y extenso no logra llegar en tiempo y forma para atender necesidades locales. Más todavía, la complejidad del carácter multiétnico de la población chilena también requiere respuestas prontas, en particular de los reclamos de los así denominados pueblos originarios.
La falta de atención de necesidades históricas como lo sería la cesión de tierras fiscales a pueblos indígenas, mapuches, aymarás, etc., abrió paso a la radicalización de algunos sectores que incluso llegan a formas que de modo incipiente rozan con el terrorismo. Y como lamentablemente pasa no solo en Chile sino en muchos lugares del planeta, la debilidad de los reformistas para alcanzar algunos logros visibles cede paso a los extremistas que asumen -falsamente la más de las veces- la representación de todos, de los violentos y de los pacíficos.
Sin algún tipo de alternativa moderada en materia constitucional volverán las antiguas contradicciones, los dialoguistas que tienen poco para ceder y los represores que tampoco llegan a imponer el orden.
La derecha podría encontrar un nuevo liderazgo moderado, aunque la vigencia del ultra Kast no puede darse por terminada. La centro izquierda de la antigua concertación (Socialismo, Partido por la Democracia y posiblemente los seguidores de Boric de “Convergencia Social”) podría recuperarse en la medida en que proyecte algún nuevo liderazgo, en particular si las reformas del gobierno de Boric que siguen en pie no encuentran eco parlamentario.