El Gobierno nacional informó que 97 mendocinos vinculados al empleo estatal cobraban el plan Potenciar Trabajo. El listado fue confirmado con nombres y apellidos en el Boletín Oficial. En Mendoza, el anuncio llegó desde el área de Capital Humano. Según se informó oficialmente todos serán dados de baja en el programa, al menos provisoriamente. En total fueron 4.566 en todo el país.
Se trata de personas vinculadas al Ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia, que desde el 10 de diciembre conduce el ex secretario de Servicios Públicos Natalio Mema. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido detalle oficial que determine si los datos que aportó la administración Milei son correctos. "No está confirmado", explicaron desde Casa de Gobierno. "Nosotros no podemos saber si Nación ha detectado gente en esas condiciones. Son ellos los que tienen que aplicar las suspensiones", sentenciaron.
En las últimas semanas, el Gobierno de la provincia había remitido la información pedida por el fiscal Guillermo Marijuan, quien avanza con la causa y con cuyo aportes se entrecruzaron los datos de todas las jurisdicciones.
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En Mendoza eran datos de unos 97 mil empleados públicos sobre los cuales se realizó la pesquisa. La intención era determinar si, al mismo tiempo en que servían al Gobierno local, eran beneficiaros del programa.
Ahora, la maniobra que habían realizado y que se determinó como incorrecta -"porque esos montos estaban destinados a personas en condición de extrema vulnerabilidad" expresan fuentes judiciales y finalizó con la pérdida de esas percepciones por parte de los empleados. Resta determinar cuántos planes permanecerán activos en la provincia y si hay o no más bajas definidas desde Nación.
Plan Potenciar en Mendoza
El Potenciar Trabajo es el plan social con el que debutó el gobierno de Alberto Fernández. Fue la evolución de un programa llamado "Hacemos Futuro" que había impuesto la gestión de Mauricio Macri y con el cambio, se amplió además a más de un millón de personas. Entre ellos, miles de mendocinos. Al menos en la teoría, los beneficiarios de este plan que otorga $78.000 por mes tienen que ofrecer una contraprestación, generalmente relacionada con algún trabajo social.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) remitió al ministerio de Capital Humano oficios en los que se establecen las nóminas de las personas detectadas en posible infracción.
De esa manera, se procedió a suspender preventivamente a todos esos beneficiarios. Aseguran que cometieron incompatibilidades con la Resolución 121/2020 que regía al mecanismo. A su vez, la unidad fiscal especializada en ese tipo de delitos ya fue notificada y podría avanzar en investigaciones a esas personas.
Según cifras oficiales, el Estado mendocino fue intermediario de unos 3.400 planes durante los últimos años, mientras que se cree que las organizaciones sociales fueron nexo para unos 17.000.