La aparición de un video que registra el momento en el que un joven latino de 27 años muere asfixiado durante su arresto en Tucson, Arizona, volvió a poner en tela de juicio la violencia policial y el racismo en Estados Unidos. El caso difundido por la policía en las últimas horas, pero que se remonta al pasado 21 de abril, provocó la renuncia de los tres efectivos implicados y la del jefe del Departamento Policial de Tucson, en momentos en que el país continúa sacudido por protestas antiracistas tras el crimen del afroamericano George Floyd en manos de un policía blanco.

En el video se lo puede ver a Carlos Ingram López, quien es perseguido por agentes dentro del domicilio de su abuela. Luego de maniatarlo, lo mantienen boca abajo y esposado durante 12 minutos. A pesar de pedir desesperadamente un vaso de agua, López falleció de un paro cardiaco gritando las mismas palabras por las que Floyd se hizo tristemente célebre: “No puedo respirar”.

Tres agentes policiales del departamento de Tucson fueron a detener a López tras recibir una llamada de un familiar por “conducta descontrolada”. La policía había recibido otra llamada por violencia contra otro pariente cercano y el mismo tipo de conducta dos días antes. Hallaron al joven latino en el garage del domicilio de su abuela, visiblemente excitado y a los gritos. En las imágenes puede verse cómo los oficiales lo reducen mientras pide perdón repetidas veces sin oponer resistencia.

El hombre de 27 años, que dio positivo por cocaína, fue esposado y colocado boca abajo, pese a que sus dificultades para respirar ya eran evidentes. Aún así, decidieron cubrirlo primero con un plástico amarillo y después con otra manta. Una de ellas le cubría por completo la cabeza. Al ver que no respiraba, los oficiales trataron de reanimarlo y le suministraron Narcan, un fármaco que se emplea frente a cuadros de sobredosis.

Pero ya era demasiado tarde. Al igual que en el asesinato de George Floyd , que desató una ola de protestas contra el racismo de magnitudes inéditas en décadas en Estados Unidos, López gritó durante varios minutos “No puedo respirar”, además de suplicar que le acercaran un vaso de agua.

De acuerdo con el médico forense, Ingram López sufrió un paro cardíaco. Su corazón se había agrandado y al momento de su muerte estaba intoxicado con cocaína. El cuadro se agravó por la fuerte restricción física de los oficiales de Tucson. El Departamento de Policía local solicitó que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estudie el caso, y la Fiscalía de Arizona analiza presentar cargos penales contra los tres agentes implicados en la muerte del joven hispano.

Los tres agentes vinculados a la muerte de López, identificados como Samuel Routledge, Ryan Starbuck y Jonathan Jackson, presentaron su renuncia el jueves pasado, mientras que el jefe de la policía, Chris Magnus, hizo lo mismo el miércoles, luego de la difusión del video. Magnus reconoció en conferencia de prensa que los tres policías “cometieron múltiples violaciones del reglamento” para resolver lo que él consideró un “problema de salud mental”.

El jefe policial aseguró además que los oficiales no aplicaron un estrangulamiento contra López, aunque violaron las pautas de entrenamiento. Si bien es cierto que los agentes no utilizaron una táctica de ahogamiento como en el caso de Floyd, a López se lo mantuvo en una posición de detención (tumbado boca abajo, con las manos esposadas por detrás de la espalda) que muchos departamentos de policía desaconsejan por la posibilidad de provocar asfixia.

“Si no hubieran renunciado, hubieran sido despedidos”, aseguró Magnus en relación a los policías que participaron del operativo. También indicó que este caso ocurrió en medio de la pandemia de covid-19, lo que retrasó el proceso de notificación. La policía de Tucson se demoró más de dos meses en revelar el video, grabado con la cámara pegada al cuerpo de uno de los agentes. Magnus justificó esa demora al sostener que de ninguna manera afectó a la investigación del incidente en manos del FBI.

“Como jefe, acepto mi responsabilidad en estos errores”, aseguró Magnus. “Creo que no han sido el resultado de un intento deliberado o malintencionado de ocultarlo”, agregó antes de justificar su ofrecimiento de renuncia como una muestra de su “voluntad de rendir cuentas por los fallos”. Más allá del debate en torno al procedimiento policial, el caso instauró una nueva política en el Departamento policial de Tucson, que requiere que al menos dos superiores revisen los videos de estas cámaras cuando se produzca una muerte de un detenido en un plazo máximo de 48 horas.

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero indicó además que planea presentar un plan que incluye en principio que el alcalde y el Concejo Municipal sean informados inmediatamente cuando se presente una muerte bajo custodia de la policía departamental. Primera latina en conducir una ciudad con alta población hispana, Romero se manifestó “profundamente perturbada e indignada” por los hechos, y brindó sus condolencias a la familia de la víctima. Prometió además avanzar en la investigación del caso, que no constituye una excepción ya que en los últimos 10 años, 12 personas perdieron la vida bajo custodia de la policía local, por uso excesivo de violencia, disparos injustificados y castigos estando los detenidos indefensos, esposados y en dos casos en calabozos.