Hace más de un año que Silvia Gulino fue condenada en una causa que desbarató una banda que hacía facturas truchas para evadir casi $300 millones a la AFIP. La contadora de 56 años está alojada en un penal de Cacheuta y solicitó la prisión domiciliaria ante el avance de la variante de coronavirus Ómicron, pero la Justicia le negó el beneficio.
Tras recibir una pena de 6 años como jefa de una asociación ilícita fiscal y pasar varios meses en el Complejo Penitenciario federal VI, la mujer intentó alivianar su situación. En concreto, elevó un escrito solicitando continuar cumpliendo la pena en su domicilio argumentando que es grupo de riesgo ante el Covid-19 -tiene una cirugía bariátrica y es hipertensa- y que "el estado de la pandemia se ha agravado" ante el aumento de casos por la nueva variante. Por otro lado, su abogado alegó que "se encuentra próxima" a obtener una libertad condicional.
n informe del establecimiento carcelario confirmó las patologías que padece Gulino pero al mismo tiempo detalló que en toda la cárcel hay solamente 6 presos con coronavirus que están aislados y, de hecho, en el módulo 4 donde esta alojada la contadora no hay ningún registro.
Los camaristas Gretel Diamante, Julio Naciff y Héctor Cortes rechazaron el pedido de la mujer ya que "no se registra una situación generalizada de propagación del virus que causa la enfermada señalada". De esta forma, Silvia Gulino continuará alojada en el penal mientras sigue purgando la condena.
La investigación comenzó en los primeros días de 2018, cuando se realizó una fiscalización de rutina en el Gimnasio Municipal 1 de Ciudad. Los agentes de AFIP notaron que uno de sus proveedores había facturado electrónicamente 35 millones de pesos, un monto irrisorio para la actividad.
Al enterarse de la situación, esta persona radicó una denuncia el 31 de enero de ese año asegurando que había cambiado de contadora por recomendación de un conocido del ambiente del rugby y que la profesional operaba con su clave fiscal, la cual él ni siquiera sabía. Así fueron identificando a los distintos integrantes de la banda.
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La operatoria era contactar a personas y empresas para realizar facturas truchas en busca de obtener crédito fiscal con el que luego obtenían descuentos en el pago de IVA e impuesto a las Ganancias. A cambio, pagaban el 35% de los facturado a los “colaboradores”.
La investigación probó que desde 2012 hasta febrero de 2018 –fecha en que se realizaron los allanamientos contra la banda- lograron facturar $276 millones de pesos. Las pruebas vitales en la causa, además de las documentaciones físicas y electrónicas de AFIP, son varios mails que intercambiaban los procesados.
Además de Silvia Gulino fueron condenados a 4 años de prisión el martillero Daniel Agustín Cacciavillani (57) y los contadores Armando Antonio Morón (58), Carlos Armando Aguirre (46) y Sandra Marisa Maldonado (53); y a 3 años y medio los empleados Florencia Inés Morichetti (25), Romina Molina Gulino (24) y Walter Daniel Lobos (51).