Editorial, Diario Jornada

En los años 70 las empresas públicas, como los sistemas de seguridad social creados en décadas anteriores y que eran el pilar del Estado de Bienestar, comenzaron a padecer un fuerte proceso de endeudamiento y descapitalización. Con esto se inició un tiempo de intensos conflictos políticos, económicos y sociales que culminaron con la crisis definitiva del modelo. Se comenzaba a agotar la política de industrialización sustitutiva de importaciones, redistribución de la riqueza, capitalismo autónomo, mayor participación política y formas específicas de integración social. La alianza social que históricamente sostuvo ese modelo de autosustentamiento comenzó a deshacerse creciendo brutalmente la puja distributiva. Al promediar los años ’70 –bajo el gobierno peronista inaugurado en mayo de 1973–, el modelo estaba atrapado en la espiral de una violencia desembozada, en la incapacidad manifiesta para resolver la polarización que se planteaba en la sociedad y en el escepticismo generalizado hacia la eficacia de las instituciones para contener la crisis. Finalmente, el país se encontró ante una situación en la que todo el sistema estaba recorrido por el temor: a la violencia, al poder de los sindicatos, al desorden, al conflicto, a los desbordes sociales y a la inflación descontrolada. Las luchas internas del justicialismo y del sindicalismo por las porciones de poder se dirimieron en las calles por las vías de la violencia. En plena democracia, el aparato militar y represivo adquirió cada vez más preponderancia dentro del Estado, y coexistió malamente con el poder civil en esos últimos y dramáticos meses de la presidencia de Isabel Martínez de Perón. Además, se venían produciendo desde 1974 (año en que más asesinatos políticos se cometieron: Silvio Frondizi, Atilio López, Ortega Peña, el padre Mujica, entre otros dirigentes fusilados en la vía pública) constantes secuestros y atentados, llevados a cabo por la ultraderechista Triple A (creada por López Rega), y por el otro lado los grupos rebeldes, quienes sumieron al país en el caos y jaquearon el frágil estado de derecho. En el ’75, el ministro de Economía Celestino Rodrigo lanzó un plan económico estabilizador que fue todo lo contrario: una violenta aceleración inflacionaria, que quedó en la historia colectiva como el “Rodrigazo”. Se iniciaba 1976 con un alarmante empeoramiento de la situación, y el fantasma de otro golpe militar empezó a sobrevolar y a cubrir con un manto oscuro a la Nación. El país estaba virtualmente paralizado, la violencia y la represión en pleno movimiento. La crisis política estaba en el centro de la escena y el gobierno aparecía casi inactivo e impotente para frenar los peligros que acechaban, y se entró en un vacío. Un dramático llamado de Balbín, en apoyo a la presidenta y en la búsqueda de una salida institucional, por la cadena de radio y televisión, citando al poeta platense Almafuerte, en su poema “¡Avanti !”, decía: “¡Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte!”. Era tarde. Llegaba la muerte. Para las instituciones y, mucho peor, para miles de argentinos. Las Fuerzas Armadas, convencidas de ser garantes del orden, el 24 de marzo, dieron el golpe de Estado derrocando y deteniendo a Isabel Martínez, formando una junta integrada por las tres fuerzas que nombró al general Jorge R. Videla como presidente y lanzó el Proceso de Reorganización Nacional, sostenida ideológicamente por la “Doctrina de la seguridad nacional”. La irracionalidad del terrorismo de Estado llevó a cabo una masiva violación de los derechos humanos en una dimensión como no había conocido nunca la historia argentina, secuestrando, torturando, matando y haciendo desaparecer a miles de compatriotas, mientras el establishment, a través de Martínez de Hoz, se hacía cargo, como en otras dictaduras, del manejo de la economía. El que mejor definió lo que pasó fue el escritor Rodolfo Walsh. A un año del golpe y antes de que los militares lo mataran, en una carta abierta a la Junta Militar, escribió: “El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Perón sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara los males que ustedes continuaron y agravaron”. Fueron siete años y medio de dictadura, hubo 340 centros de torturas, con 8.960 desaparecidos detectados por la Conadep y 30 mil denunciados por organismos de derechos humanos. Son cifras que encierran una vida de infierno. Se cumplen 45 años de aquel nefasto 24 de marzo de 1976. Por eso mañana se recuerdo el Día de la Memoria. Se conmemora la tragedia desencadenada por el imperio de la tortura y la muerte instaurado por la dictadura militar. Es también una circunstancia propicia para recordar que la Argentina es el único ejemplo en el mundo de un país que exigió la condena justa e indispensable para la recuperación de las instituciones a los máximos responsables del genocidio, cuando el 13 de diciembre de 1983, a horas de haber asumido el poder, el presidente Raúl Alfonsín, firma el decreto 158/83, por el que instruye al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la promoción de una causa contra los miembros de las tres primeras juntas militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional.





Por otro lado, dos días después es creada, también por el presidente Raúl Alfonsín, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos.

Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más que fuera entregado a Alfonsín el 20 de setiembre de 1984 de manos del titular de la Comisión, Ernesto Sábato, abrió las puertas para el juicio a las juntas de la dictadura militar.

Actitud que fue el basamento para interpretar que aquella dictadura de 1976 fue la última en nuestro país. Nunca más


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