La Corte Suprema desestimó una serie de planteos de Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados en la causa por la adjudicación de obra púbica a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, con lo que virtualmente avaló la continuidad del juicio oral y público que está próximo a su finalización.
En distintas resoluciones, el máximo tribunal rechazó planteos contra el supuesto “doble juzgamiento”, ya que 51 de las 53 obras que están bajo análisis del tribunal oral ya habían sido desestimadas por la Justicia Federal de Santa Cruz.
Además, el máximo tribunal descartó un planteo para que se auditaran todas las obras públicas adjudicadas durante el gobierno 2003 – 2015 en todo el país y no sólo las de la provincia de Santa Cruz.
La Corte tampoco admitió las objeciones respecto de la falta de un peritaje completo y exhaustivo sobre la propia obra pública de Santa Cruz que, según la acusación, estuvo amañada a favor de las empresas de Lázaro Báez, amigo personal del ex presidente Néstor Kirchner.
Finalmente, la Corte tampoco hizo lugar a un planteo sobre la intervención de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos como integrantes de la Cámara de Casación en la revisión del expediente.
Las objeciones sobre ambos son previas a que se conocieran sus visitas al ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa de Gobierno, y estaban relacionadas con una cuestión de “competencia” entre dos salas de la Cámara Federal de Casación Penal.
El proceso comenzó en mayo de 2019 en los tribunales de Comodoro Py a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El fiscal es Diego Luciani.
Una semana antes de su inicio, Cristina Kirchner anunció su candidatura como vicepresidenta para las elecciones de ese año con Alberto Fernández en la fórmula. El Presidente de la Nación fue uno de los testigos en el juicio y negó cualquier irregularidad en el caso.
El juicio se reanudará el lunes próximo cuando los magistrados resuelvan qué prueba se incorpora por lectura. Algunas partes hicieron objeciones. Luego, el 11 de julio se inician los alegatos. Primero será el turno de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional. Después le correspondía a la Oficina Anticorrupción (OA) pero se bajó del juicio. Tras el receso judicial de las dos últimas semanas de julio será el turno del fiscal Luciani y después de cada una de las defensas. La expectativa es que antes de fin de año los jueces den a conocer su veredicto. La intención es que no sea en 2023 -año de elecciones presidenciales- para que no haya ninguna especulación sobre su decisión.