Nota Editorial
Luego de 280 días de trabajo la Conadep redactó un Informe Final, que más tarde publicaría la Editorial Universitaria Eudeba, en el que reseñó una síntesis de su tarea. Leer su Prólogo alcanza para tomar dimensión de la robusta tarea desarrollada, que sólo pudo ser llevada adelante por la decisión de sus integrantes y el contundente apoyo político del presidente Alfonsín.
En dicho Prólogo, contraponiéndose a quienes afirmaban que ésa no era más que una estrategia de Alfonsín para garantizar la impunidad de los delincuentes tras un Informe Final y pese a que el propio presidente había sometido a juicio sumarísimo a los responsables de la represión, se aclaraba que la comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional.
Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, llegaron a la conclusión de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien, destaca el prólogo, “debemos esperar de la Justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos”.
Gran parte de la tarea desarrollada por la Conadep y su Informe Final fueron utilizados por el Fiscal Julio César Strassera en su acusación durante el Juicio a las Juntas Militares.
La Comisión logró constatar menos de un año después de la finalización de la dictadura militar más siniestra y sangrienta de la historia argentina, entre otras cosas, 8.960 personas que continuaban entonces en situación de desaparición forzosa, aunque aclaraba que “esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la Conadep ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados” y 340 centros clandestinos de detención por entonces existentes; y dejó expuesto que la destrucción o remoción de la documentación que registró minuciosamente la suerte corrida por las personas desaparecidas, dispuesta antes de la entrega del gobierno a las autoridades constitucionales, dificultó la investigación encomendada a esta Comisión por el decreto constitutiva.
Toda la tarea desarrollada por la Conadep y su Informe Final fueron la verdad que muchos quisieron ocultar durante años y que muchos otros no se animaban o no querían ver, pero como dice el propio Informe, las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.
La documentación que Ernesto Sábato entregó a Raúl Alfonsín, en nombre de la Conadep, 38 años atrás, fue el primer paso y piedra fundamental para que el “Nunca Más” sea para siempre. Por eso hoy debemos refrescar en la memoria este hecho histórico y fundacional, de aquel 20 de septiembre de 1984.