La fiscalía federal de Mendoza y, ahora, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) pidieron el juicio oral y público contra el juez federal Walter Bento como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba sumas de dinero por dictar medidas judiciales favorables a imputados.
El último día de setiembre se había conocido que el fiscal Dante Vega había dado por terminada la investigación y acusó al juez Walter Bento de haber liderado una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de "favores" en la Justicia Federal de Mendoza.
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Por eso es que actualmente los fiscales Dante Vega y Diego Velasco y Laura Roteta –estos últimos por la PROCELAC- imputaron también a otras 28 personas, entre ellas la esposa y un hijo del juez. La acusación incluye también los presuntos delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
Los fiscales le imputan a Bento que “al menos desde el año 2007” lideró una organización ilegal cuyo “propósito era obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía”.
“Luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso”, sostuvo la acusación.
“El soborno consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles– como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito”, añadió la acusación.
Bento es juez federal con competencia electoral y pese a los cargos en su contra y a que fue citado por el Consejo de la Magistratura, conserva sus funciones como magistrado. Según la acusación, la maniobra que se le atribuye al juez se cometía mediante “el sobreseimiento o, como se ha determinado en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal (una tipificación menos grave)”.