El Jury de Enjuiciamiento decidió dar luz verde a la denuncia contra la jueza de Familia, María Elizabeth Lizán. Este jueves, el órgano admitió formalmente la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras acusaciones presentadas por empleados del Juzgado de Familia N°12 de Las Heras.
A raíz de esta situación, la jueza presentó la renuncia para jubilarse. Sin embargo, la dimisión fue rechazada por parte del gobernador Rodolfo Suarez para que el tribunal pueda analizar la causa. Actualmente, la magistrada está de licencia médica por una fractura.
A partir de ahora la jueza tiene 10 días hábiles para responder. Si el tribunal de enjuiciamiento decide avanzar con la acusación, Lizán será suspendida y pasará a cobrar el 50% de los haberes.
El Jury de Enjuiciamiento, integrado por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia y 14 legisladores provinciales (siete senadores y siete diputados), deberá valorar las pruebas para determinar si efectivamente existió un mal ejercicio en su función de jueza, si le caben sanciones y de qué tipo.
Acusación
El informe emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte habla de una “posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta”.
Los empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras presentaron pruebas de reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de la jueza.
Entre las acusaciones más graves figura el "el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada", de acuerdo con la presentación realizada por Garay.
En concreto, denunciaron que Lizán "prestaba" su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. Para entender, el token es un dispositivo, intransferible y personal, con el que los jueces-a través de una clave-firman los expedientes digitalmente.
Según el testimonio de uno de los empleados, la magistrada “dejaba el token en el juzgado para las firmas que fueran necesarias. En algunos casos puedo estar seguro de que no revisaba lo que se firmaba. Las medidas inmediatas no las ha leído porque las firmábamos nosotros, dada la urgencia. Delegaba la tarea de utilizar el token, ya que al principio le costó mucho la adaptación al sistema informático; entregaba su token a quien lo necesitara, era de uso público”.
También señalaron que Lizán no acudió a las capacitaciones que brindó el Poder Judicial para utilizar el sistema de expediente electrónico que se aplica desde el 2018. A esto se suma que no solo prestaba su firma digital, sino que hacía lo mismo con su firma ológrafa, ya que le pedía a los empleados que la falsificaran.
En lo que respecta al desorden de conducta, se enumeraron otras actitudes de la actividad laboral diaria como “destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros, entre otras”.
Por último, también se la acusa de mal desempeño en el ejercicio de la función de jueza en sus actuaciones respecto al caso de un recién nacido en situación de adoptabilidad.
Destituidos
En noviembre de 2020, el Jury de Enjuiciamiento destituyó al juez de la Quinta Cámara Laboral, Antonio Sánchez Rey, acusado de presionar a colegas para que aprueben un millonario acuerdo con la ART por un accidente laboral que sufrió.
Anteriormente, en el año 2018, el tribunal decidió destituir de su cargo al juez Gustavo Estrella, que fue acusado de desorden de conducta en un caso de violencia de género. El magistrado, que se desempeñaba en la Séptima Cámara Laboral, fue el primer juez de la provincia sometido a un Jury por este tipo de delito.
Otro de los casos resonantes fue el de la conocida “fiscal viajera”. Anabel Orozco quedó destituida de su cargo por haberse ido de vacaciones a Brasil cuando tenía una licencia médica por una lumbalgia aguda.