La Fiscalía de Estado avaló, por intermedio de un dictamen, la adjudicación de 12 mil hectáreas de terrenos fiscales que hizo el gobernador Rodolfo Suarez para la firma El Azufre S.A. Esta concesión, para construir un nuevo centro de esquí en Malargüe, había sido criticada duramente por la oposición, en especial para el peronismo.
En el documento de la Fiscalía de Estado se indica que “no existen objeciones jurídicas que formular”, ya que cumple con los requisitos legales y con los fines establecidos en un convenio que firmó la Provincia con la Nación para este tipo de cesiones en 1991. De esta manera, la adjudicación de esas hectáreas es “viable”.
Fue a principios de enero cuando, a través del decreto 2.138, se conoció que el gobernador Suarez asignó 12 mil hectáreas de terrenos fiscales a la empresa El Azufre S.A para realizar un centro de esquí.
Según se proyecta, con el emprendimiento se pretende generar mil puestos de trabajo directos y otros 5 mil de manera indirecta. La inversión esperada para este año sería de 88 millones de dólares, mientras que para el 2024 se espera que esa inversión crezca a U$S 250 millones.
Esos terrenos, ubicados a 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe, le pertenecían a la Nación, pero le transfirió la posesión al Estado mendocino en 1969.
Sin embargo con el retorno a la actividad legislativa la oposición había criticado la concesión otorgada por el Gobierno de Mendoza. Por ello habían exigido conocer en profundidad el proyecto y los estudios de impacto ambiental.
"Hablar de privatizar tierras es una muestra de un tremendo desconocimiento legal de algunos legisladores como es el caso del senador Ilardo. En aquel convenio que firmaran Mendoza y la Nación en 1991 se habla de darle destino a esas tierras contemplando y reconociendo inversiones preexistentes, y eso es lo que acredita la firma El Azufre, cuyo proyecto generará una gran inversión y una importante generación de empleo. Acá nadie está cediendo nada, es una asignación que cumple con las leyes y con el convenio vigente", aclaró el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.
En estos puntos también se fundamentó el dictamen de Fiscalía de Estado, en el que se resalta que la firma acreditó "su ocupación preexistente sobre los terrenos donde se desarrolla el proyecto, las inversiones ya realizadas en ellos y el destino turístico como objeto principal de su emprendimiento son los extremos que sostiene la legitimidad de su pretensión por derecho propio".