La Cámara de Diputados dio media sanción a una iniciativa de modificación de la Ley 8993 – de Responsabilidad en el ejercicio de la función pública -, resultado de la fusión de dos proyectos impulsados por Mabel Guerra y Analía Jaime, ambas, diputadas de la UCR mandato cumplido.
Entre los aspectos más relevantes de los cambios propuestos, se encuentra el artículo 13° de dicha Ley, referido a los plazos de presentación de las declaraciones juradas. En tal sentido, se promueve pasar de 60 días hábiles a 30, desde la asunción de sus cargos.
De igual forma, en el artículo 25°, se dispone que las multas por sanciones vuelvan al organismo de Ética Pública. Se señala al respecto que el producido por las multas que aplique deberá ser destinado única y exclusivamente al equipamiento de bienes muebles inventariables. Asimismo, se modifica el nombre de la Oficina de Ética Pública, al de “Oficina de Investigaciones Administrativas, Ética y Acceso a la Información Pública Mendoza", agregando de esta manera lo relacionado a Información Pública.
En otro orden se modifican también el artículo 1°, relacionado con el objeto de la Ley. Dispone al respecto que será el de regular y controlar el efectivo cumplimiento de las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública para su responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño por parte de quienes detentan la obligación de desarrollarla, en cualquiera de las jerarquías, formas o lugares en donde la ejerzan.
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Por otra parte, en el artículo 2°, se incorpora lo establecido en el artículo 4° de la Ley 8706, que hace referencia a qué comprende el Sector Público Provincial.
También se promueven cambios en el artículo 6°, en los incisos 9 y 12, referido a la responsabilidad de quienes manejan fondos públicos, incluyendo por un lado, a toda persona que integre comisiones de evaluación de ofertas o de adjudicación en licitaciones públicas o privadas, de compra o contratación de bienes o servicios en que intervenga la provincia de Mendoza o que administre patrimonio público o maneje fondos públicos, y, por otro, se amplía el concepto a las nuevas formas societarias como la economía mixta.
De igual forma, se proponen cambios menores en cuanto al artículo 12°, sobre “sujetos comprendidos”, se dejan los mismos sujetos pero en el apartado de sindicatos y autoridades sindicales, se saca la frase “con o sin personería gremial” y se agrega el artículo 12°bis, relacionado con los obligados a presentar listados. “Se pone un nexo de comunicación para que no existan falencias con la oficina de Ética Pública”, explicó Daniela García (UCR)
La diputada García indicó que “de esta forma se controlará a más de 6 mil funcionarios, a más de 390 contratistas, a más de 350 gremios y también las fichas limpias que el año pasado fueron 210, por lo cual con estas modificaciones venimos a fortalecer, a equiparar a las leyes de procedimiento administrativo que fueron posteriormente sancionadas, y a reducir los tiempos de presentación para fortalecer la institucionalidad, como así la responsabilidad de los funcionarios públicos del Estado y de aquellos que trabajan con el Estado”, y agregó que “es un aporte a la lucha contra la corrupción y un aporte a la transparencia”.
El debate
Jorge Difonso (FR-UP), pidió también el acompañamiento a este proyecto que obtuvo despacho favorable en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el día de ayer.
Mailé Rodríguez (FIT), solicitó la abstención de la votación de su bloque, afirmando que “para nosotros el problema no es cuántas modificaciones se le hacen a esta Ley, sino que no resuelve los problemas de fondo, no va contra el aparto estatal que promueve la corrupción”
Por su parte, el titular del Bloque de Frente de Todos, Germán Gómez, expresó el apoyo al proyecto de ley entendiendo que “es una ley que ha generado una evolución y una transformación positiva”.
Asimismo afirmó que “más allá que apoyemos esta ley, debemos hacer hincapié y profundizar las modificaciones que tiendan a lograr un mayor control en los lugares donde se generan, a nuestro entender, los mayores focos de corrupción, que son los particulares que contrata el Estado”.
A su turno, Mario Vadillo (CxM), aseguró su acompañamiento a la iniciativa. “El problema de Argentina es la corrupción y Mendoza no es la excepción”. Por otro parte, opinó que al texto en tratamiento “se podrían haber incorporado más modificaciones y mejorar la ley”, para lograr un mayor control sobre la corrupción.
La diputada Mercedes Llano (PD), indicó que desde su bloque se adhiere a la propuesta y que la votación sería afirmativa aunque consideró que “esta ley requeriría modificaciones más sustanciales para darle más autonomía a la oficina de Ética Pública y darle más robustez y eficacia jurídica”.
La legisladora aseguró que el voto es afirmativo pero que “no representan cambios profundos ni modificaciones sustanciales” y enumeró algunos aportes que según su óptica deberían incluirse. Por su parte Jorge López, titular del Interbloque Cambia Mendoza, adelantó el voto positivo de su bloque y expresó: “Celebrar que Mendoza sigue en el camino de la transparencia porque no es la primera ley que estamos tratando con este espíritu; y en lo que hace a la gestión de este gobierno”.
Mencionó entre ellas, a iniciativa como la de extinción de dominio, acceso a la información pública, Ética pública, Ficha Limpia, “todas leyes que han tenido su origen en la provincia de Mendoza y que han sido ejemplos en el resto de las jurisdicciones del país. Creo que está demostrado que ese es el camino que este gobierno lleva adelante. Este proyecto transita en vísperas de mejorar una herramienta como es la Ley de Ética Pública”.