El ministro de Justicia de Nación, Mariano Cuneo Libarona, remarcó en nuestra provincia las directivas del presidente Javier Milei en favor de trabajar por la "independencia judicial, la división de poderes y lograr el respeto a los jueces" por parte de la sociedad.
"Las directivas del Presidente son trabajar en la independencia judicial, la división de poderes y lograr el respeto a los jueces. Que sus designaciones sean por idoneidad y no por política o amistad", expresó el funcionario tras reunirse con los ministros de la Suprema Corte provincial, informaron fuentes judiciales.
El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos en el cuarto piso del Palacio de Justicia, y allí estuvieron, además de Cúneo Libarona, los siete ministros del máximo tribunal: Dalmiro Garay Cueli, Mario Adaro, Omar Palermo, Teresa Day, Julio Gómez, José Valerio y Pedro Llorente.
Allí se analizaron las políticas que impulsará el Gobierno nacional, especialmente para darle celeridad a los procesos judiciales.
Cuneo Libarona inició este miércoles una visita a la provincia, donde también pidió "trabajar en recomponer la imagen de la justicia con la sociedad".
"Estamos muy flojos en (materia de) celeridad y sobre eso vamos a hacer mucho énfasis", indicó el funcionario, quien se retiró "contento de la reunión" con los magistrados.
Para Cúneo Libarona, el país "necesita jueces con idoneidad y prestigio. Argentina puede salir adelante con grandes jueces", señaló.
Por su parte, para el juez Garay Cueli, presidente de la Suprema Corte, la reunión con el ministro de Justicia nacional fue "amena" y remarcó que "es importante la decisión política" que tiene el funcionario "de implementar el sistema acusatorio penal".
"Nos preguntó cómo trabajamos un sistema que se aplica desde 2017 en toda la provincia y que implementa, además, el juicio por jurado. Él entiende que el esquema judicial mendocino es el esquema a aplicar en el sistema federal", dijo Garay.
El Gobierno nacional dispuso este lunes, por medio de un decreto, la implementación en todo el país del Código Procesal Penal Federal y dejó la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Justicia.