En un documento, suscripto por senadores y diputados del Frente de Todos-PJ, aseguraron que "el Poder Ejecutivo maneja de forma discrecional los órganos de control, tiene una mayoría automática en la Suprema Corte de Justicia y mayorías absolutas en la Legislatura, donde en la actualidad se han roto los canales institucionales de diálogo, en virtud de la decisión del Gobierno de la Provincia de impedir la visita de un ministro denunciado por un posible hecho de corrupción".
Hicieron referencia con ello a la negativa por parte del oficialismo de que el ministro de Gobierno Victor Ibañez asista a la Legislatura a dar explicaciones sobre el subsidio de al menos $18 millones que se acordó (y luego dejó sin efecto) con el exsenador de Cambia Mendoza, Héctor Bonarrico.
Para los legisladores de la oposición hoy es "imposible" pensar en un "debate serio y sincero" sobre una posible reforma de la Constitución de Mendoza, "si no se respeta lo ya establecido por la norma respecto de la rendición de cuentas ante la Legislatura".
En el escrito, describieron además que la prioridad de tratamiento en la casa de las Leyes deberían tenerla proyectos relacionados con los salarios de los empleados públicos de Mendoza, las cirugías retrasadas por la crítica situación del sector de salud, la inseguridad, la lucha antigranizo, la crisis de OSEP y la falta de mobiliario en las escuelas.
El PJ-Frente de Todos no se presentó a debatir sobre la reforma constitucional, como pretendía el oficialismo.
“Estamos ante un contexto de lucha de los trabajadores estatales, con un enorme grado de desatención de las principales áreas críticas de la provincia, sin un plan estratégico de gobierno, e incluso con niveles de pobreza, indigencia, desocupación e inflación que están por encima de la media nacional", aseguraron.
Legisladores del PJ mendocino se refirieron además a la actual relación entre el oficialismo y la oposición como de "desconfianza y ausencia de diálogo" y pidieron al gobernador Suarez que "desista de generar debates estériles como éste".
Ya antes de que se confirmara el arranque del cronograma de debates sobre la reforma, el PJ había resuelto, en el Consejo Partidario, su rechazo al proyecto presentado por el gobernador Rodolfo Suarez, con el asesoramiento del ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Víctor Ibañez.
"La reforma está mal hecha", es la conclusión a la que se llegó por unanimidad cuando se reunió a principio de año el Consejo. Esa expresión es definitiva respecto del actual proyecto y su oportunidad de tratamiento legislativo.
Más allá de la instalación del debate, el Gobierno sabe que no tiene los votos suficientes para que la necesidad de la reforma se apruebe en la Legislatura, dado que se requieren al menos las 2/3 partes de los votos positivos de ambas cámaras.
Para que resulte aprobado el proyecto, el oficialismo necesitará no solo de la totalidad de los votos de Cambia Mendoza, si no también de apoyo extrapartidario para alcanzar 32 afirmaciones en Diputados y 25 en el Senado.