La doctrina del lawfare o “golpe judicial” es elástica: hay para todos los gustos. Desde denunciar fraude a troche y moche, incluso antes de que las elecciones se realicen (caso Trump, y la interminable alegación de Keiko Fujimori contra el ganador Castillo en Perú), a perseguir tenazmente a los líderes opositores con una fuerte pinza mediático/judicial (en Ecuador contra Correa, en Argentina contra Cristina Fernández, en Brasil contra Dilma y Lula), asesinar al presidente denostado (Haití), agitar manifestaciones por las redes sociales (Cuba), inventar presidentes truchos y sostener bloqueo económico (Venezuela), hasta directamente apelar a la policía y las Fuerzas Armadas para que echen al presidente (Bolivia, cuando Evo en 2019)

  Está claro que ya no son los abiertos golpes militares de antes, pero que son modos de desestabilización sistemática de los gobiernos populares, que alcanzan en no pocos casos la consistencia de golpes, en tanto desplazamiento ilegal y por la fuerza de las autoridades legalmente elegidas por el voto de la ciudadanía. Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay fueron ejemplos muy claros en ese sentido: no se apela abiertamente a los militares pues esa es una receta deslegitimada e impopular, pero igual se desplaza forzadamente a las autoridades.

  La intervención argentina en Bolivia ha quedado establecida esta semana: el gobierno de Macri participó enviando pertrechos represivos al gobierno de Añez. El permiso fue otorgado por la repartición encargada de la salida de armas al extranjero, y el material aparecido en delegaciones policiales bolivianas responde casi con total exactitud al número salido de Argentina, excepto alguna parte menor que probablemente se usó. El pretexto de que eran municiones para proteger la Embajada argentina es insostenible por la enorme cantidad remitida, y el decir que se usaron para “entrenamiento” de gendarmes argentinos en el exterior resulta una coartada insólita, pues en ninguna parte del mundo tropas extranjeras se entrenan tirando millares de tiros al aire como si estuvieran en algún descampado cercano a sus casas, o practicando en sus cuarteles.

 Las excusas de Macri o Bullrich son débiles: el primero dice que la firma del jefe de la Fuerza Aérea boliviana es falsa, pero eso no parece cierto; y aún si lo fuera, no compromete al resto de la documentación y de los pertrechos efectivamente encontrados, que incluyen granadas de diferentes tipos. Lo de Bullrich es gracioso: defiende posiciones extremistas todo el tiempo, va a quemar barbijos, felicita a Chocobar, hace acusaciones temerarias y falsas contra el presidente, pero a la hora de hablar del golpe contra Evo asume un súbito humanitarismo y cuenta que estuvieron cobijando perseguidos en la Embajada. No se le pude creer, obviamente, pues es claro que su discurso habitual es de desenfrenado ataque a posiciones como las de Evo Morales.

  Es más: está la filmación de Macri llamando pasmosamente a Añez, “presidenta electa”. Sí: aunque no se crea. Lo cierto es que están imputados ya por el fiscal los responsables principales: el ex presidente, Bullrich, Aguad, tres jefes de Gendarmería, y el embajador de entonces en Bolivia y actual ministro de Gerardo Morales en Jujuy, Normando Álvarez García.

  El gobernador Morales –autoproclamado candidato a la presidencia- merece párrafo aparte: se permitió la provocación de “condecorar” esta semana al ex embajador, como respuesta a las críticas en su contra. Morales viajó una semana antes del golpe a Santa Cruz de la Sierra –sede de los golpistas-, además de recibir en esos días la sorprendente visita de una comitiva de los Estados Unidos presidida por la mismísima hija de Donald Trump. Raro, sin dudas.

 Contra esa doctrina del golpe judicial, de la persecución ilegal, habló elocuentemente Cristina Fernández el día viernes. Remitió a todos los ejes de esa persecución, ya muy conocidos por los especialistas, así como desconocidos para el gran público. También cuando la dictadura, los que sabían de política conocían de una estrategia de asesinatos –sin saber los detalles, eso sí-; pero la gran mayoría de la población no sabía nada, y decía “algo habrán hecho”. Ahora, sólo una nueva CONADEP del lawfare permitiría que la población supiera. Todavía es un mecanismo oscuro, encubierto, poco comprensible para la población, entre otras cosas porque la alocución de la ex presidenta ha sido y será meticulosamente ocultada y deformada por sus detractores mediáticos, quienes son parte decisiva de las operaciones denunciadas.

  Pero todo lo necesario fue dicho: la insólita “mesa judicial” donde se dictaminaba a quién y cómo perseguir; el hecho de hacerlo contra los adversarios políticos, pero también contra funcionarios judiciales variados (Gils Carbó como máxima exponente, pero también Casanello, Rafecas, Rozanski, etc.), e incluso contra propios, sometiéndolos a la política del espionaje (a Vidal, a Larreta, a Santilli y tantos otros, lo que no obsta para que éstos acompañaran esas prácticas). La comparsa televisiva haciendo campañas de calumnias y desprestigio, el ataque implacable hasta facilitar la muerte (fue el caso del ex canciller Timerman), las masivas visitas de los camaristas Hornos y Borinski a la Rosada y a Olivos sin pudor alguno. Se trataba de lograr el aniquilamiento de la oposición política.

 Y ello para pagar a los fondos buitres, para imponer planes económicos muy lesivos para el pueblo argentino. Néstor Kirchner ahorró 60.000 millones de deuda externa a la Argentina con su negociación hacia el año 2005: Macri nos endeudó en 100.000 millones en sólo 4 años, y reinició el ciclo maldito de la deuda que iniciara Rivadavia en los albores de la Nación.

 La deuda externa, viejo recurso que se aplicó a los pueblos latinoamericanos para doblegarlos: fue el caso de Haití, cuando su temprana independencia. Ahora, asistimos a una situación de gravedad extrema: sicarios retirados de las fuerzas armadas de Colombia han intervenido para asesinar al presidente en país extranjero, organizados desde La Florida. Enorme dato que el ruido mediático se niega a registrar.-    

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